La decisión se da por el estudio de una tutela. La Sección Segunda del Consejo de Estado ordenó al Presidente de la República, Iván Duque Márquez, suspender la extradición de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe del ‘clan del Golfo’, hasta que se estudie de fondo una tutela presentada por un grupo de víctimas.
El recurso señala que las actuaciones surtidas por la Corte Suprema de Justicia (que avaló la extradición), el Gobierno Nacional y la Fiscalía frente al pedido de extradición de ‘Otoniel’ violan sus derechos fundamentales en su condición de víctimas de crímenes cometidos por este.
La tutela fue radicada por representantes de la Comunidad de Autodeterminación y Vida Digna del Cacarica, de la Comunidad de las Camelias y del Consejo Comunitario Cabeceras; así como de la Comunidad de Pichima, el Cabildo Mayor de Murindó y la la Comunidad de Jiguamiandó en el Chocó.
Estas comunidades buscan la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. La tutela fue admitida por el despacho del magistrado Cesar Palomino Cortés de la Sección Segunda que decidió acoger la medida cautelar y suspender el traslado efectivo de ‘Otoniel’ a Estados Unidos hasta que haya un fallo de fondo.
El magistrado encontró que ya se han cumplido todos los trámites legales requeridos en materia de extradición y que solo resta que el traslado al país solicitante se haga efectivo, por lo que era pertinente emitir esta medida cautelar.
Lo anterior ya que, si no se tomaba la decisión de suspensión, cuando se emita el fallo, ya no tendría efecto alguna.
“Tornaría inane cualquier decisión que sobre la protección de los derechos deprecados llegare a tomarse; razón por la cual, atendiendo solamente a razones prácticas, se considera pertinente disponer la suspensión de la respectiva orden de extradición, hasta tanto se profiera decisión de primera instancia dentro de esta acción”, dice el auto.
El despacho ordenó poner en conocimiento de esta tutela a la Presidencia de la República, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación a fin de que se pronuncien al respecto.
También se vinculó al procedimiento al Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al propio ‘Otoniel’.
El gobierno que había negado el recurso de apelación presentado por la defensa del narcotraficante para evitar la extradición, solo esperaba que Estados Unidos diera las garantías de respeto por los derechos fundamentales del procesado, para hacer efectiva su entrega a las autoridades de ese país.
POR: eltiempo.com
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