El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta un desafío contrarreloj luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil avalara oficialmente el Comité Promotor de la Asamblea Popular Constituyente, un paso clave que habilita la recolección de firmas necesarias para convocar este mecanismo de participación ciudadana.
De acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 1757 de 2015, el comité deberá recolectar más de tres millones de firmas válidas en un plazo máximo de seis meses. Esto implica un promedio cercano a 17 mil apoyos diarios, una meta ambiciosa que requerirá una movilización política y social de gran escala en todo el país.
El aval fue formalizado mediante la Resolución 1117 de 2026, expedida por la Registraduría, que reconoce legalmente la iniciativa ciudadana y da inicio al proceso de recolección de respaldos. Con este paso, el Gobierno y los sectores que promueven la Asamblea Popular buscan avanzar en una reforma estructural del Estado, la economía y el modelo político, en medio de un escenario de alta polarización nacional.
La propuesta de una Asamblea Constituyente ha sido planteada desde el Ejecutivo como una respuesta a los obstáculos institucionales que han enfrentado varias de las reformas impulsadas por el Gobierno, así como a recientes decisiones judiciales que anularon decretos expedidos en el marco de la emergencia económica. Desde sectores afines al oficialismo, estas decisiones han sido calificadas como una limitación al programa de gobierno y a la capacidad de respuesta del Estado frente a la crisis fiscal y social.
En ese contexto, la iniciativa constituyente es presentada como un mecanismo para profundizar la transición política y promover cambios en áreas como la distribución de la riqueza, el régimen agrario, el sistema económico y la implementación de la paz. Sin embargo, la propuesta también ha generado fuertes cuestionamientos desde sectores de la oposición, que advierten sobre posibles riesgos institucionales y jurídicos.
La recolección de firmas se desarrollará en paralelo con el calendario electoral de 2026, que incluye las elecciones legislativas y presidenciales, lo que convierte este proceso en un factor adicional dentro del debate político nacional y la confrontación entre los distintos bloques ideológicos que disputan el rumbo del país.
El éxito o fracaso de esta iniciativa dependerá de la capacidad organizativa del comité promotor y del respaldo ciudadano que logre consolidar en un periodo limitado, en uno de los momentos políticos más decisivos del actual Gobierno.
