Un balance de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre la situación de seguridad en Colombia encendió las alarmas al revelar que, durante 2025, los grupos armados ilegales sumaron más de 5.000 nuevos integrantes, alcanzando un total superior a los 27.000 miembros en todo el país.
Según el informe, estas cifras incluyen tanto a personas armadas como a redes de apoyo, y representan un crecimiento del 23,5 % frente a diciembre de 2024. La FIP señala que el Clan del Golfo lidera este aumento con cerca de 2.300 nuevos integrantes, seguido por el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), disidencias de las Farc al mando de alias “Mordisco”.
La fundación advierte que ni las operaciones militares, ni los procesos de negociación, ni las ofertas de sometimiento han logrado frenar la capacidad de reclutamiento de estas estructuras, que continúan ofreciendo salarios e incentivos en territorios donde la presencia del Estado es débil o inexistente.
El informe también destaca que 2025 se consolidó como el año con más disputas armadas de la última década. Los enfrentamientos entre grupos ilegales crecieron un 34 %, impulsados por rupturas internas, nuevas alianzas y la disputa por el control de rutas estratégicas, economías ilegales y poblaciones.
Actualmente, al menos 13 zonas del país se encuentran en disputa activa, casi el doble de las registradas al inicio del Gobierno Petro en 2022. Además, se evidenció un aumento del 58 % en ataques contra infraestructura y bienes civiles, y del 62 % contra la Fuerza Pública, alcanzando las cifras más altas desde 2016.
Otro factor de preocupación es el uso de drones con explosivos. En 2025 se registraron 277 ataques de este tipo, más del doble que en 2024, siendo la mayoría atribuidos al EMC.
El recrudecimiento de la violencia tuvo un impacto humanitario significativo. La FIP reportó un aumento del 85 % en el desplazamiento forzado, un incremento del 3 % en los homicidios y un alarmante crecimiento del 133 % en los casos de secuestro.
Finalmente, la fundación advirtió que la capacidad del Estado sigue siendo puesta a prueba y que la respuesta frente a la ilegalidad continúa siendo, en muchos casos, reactiva. Según el informe, persisten debilidades en prevención, inteligencia y anticipación, mientras estrategias tradicionales como los bombardeos pierden efectividad en un conflicto cada vez más fragmentado, aumentando el riesgo para la población civil y erosionando la legitimidad estatal.
