En una respuesta contundente a la crisis invernal que golpea al país, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, declarando el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos. La medida, que tendrá una vigencia inicial de 30 días calendario, abarca los territorios de Antioquia, Córdoba, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, regiones que hoy enfrentan afectaciones críticas por inundaciones, pérdida de cultivos y daños masivos en infraestructura.
Esta declaratoria es una herramienta constitucional de alto impacto, ya que autoriza al Presidente y sus ministros a emitir decretos con fuerza de ley. Esto significa que el Gobierno podrá reasignar recursos del presupuesto nacional, agilizar contrataciones y tomar decisiones económicas de fondo sin necesidad de pasar por el trámite ordinario en el Congreso. Según el documento oficial, la decisión no solo responde a la urgencia climática, sino también a la necesidad de estabilizar las finanzas públicas locales, que se han visto tensionadas por los altos costos de la emergencia en este inicio de año.
Sin embargo, la medida ha encendido el debate en sectores políticos. Mientras el oficialismo defiende la emergencia como una vía necesaria para salvar vidas y recuperar la productividad en departamentos como Córdoba y Chocó, algunos legisladores han manifestado su preocupación por el alcance de las facultades otorgadas y el control sobre el gasto de estos recursos. Con el decreto ya en vigor, se espera que en los próximos días se conozcan las primeras medidas económicas específicas, orientadas principalmente a la reconstrucción de vías, el apoyo a campesinos damnificados y el fortalecimiento de los sistemas de salud en las zonas inundadas.
