La incertidumbre financiera que se generó tras la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025 ha sido resuelta por el propio Consejo de Estado, brindando claridad a millones de trabajadores que devengan el salario mínimo en el país. Aunque el alto tribunal dejó sin efectos el incremento del 23,7 % propuesto por el Gobierno Nacional, el fallo incluyó una disposición técnica fundamental denominada “diferimiento de efectos”. Esto significa que la suspensión no se aplica de manera automática ni retroactiva para la nómina de este fin de semana; por el contrario, la justicia determinó que el valor de dos millones de pesos sigue siendo la base legal vigente hasta que el Ejecutivo expida un nuevo acto administrativo con la cifra transitoria.
En términos prácticos, para este 15 de febrero, los empleadores están obligados por ley a liquidar la quincena sobre el salario base de $1.750.905 más los $249.095 correspondientes al auxilio de transporte. El Consejo de Estado fue enfático al señalar que la medida cautelar solo cobrará vigencia a partir de la publicación del nuevo decreto transitorio, para el cual el Gobierno Petro tiene un plazo perentorio de ocho días calendario. Este mecanismo busca evitar un vacío legal en las relaciones laborales y garantizar que los compromisos financieros de los trabajadores, ya programados con base en el aumento inicial, no se vean truncados por la decisión judicial de manera intempestiva.
El nuevo documento que debe expedir la administración nacional no podrá ser una decisión política simple, ya que el tribunal le exigió al Ministerio de Trabajo presentar un razonamiento cuantitativo exhaustivo. El Gobierno deberá explicar detalladamente cómo pondera la inflación, la productividad y el impacto económico real de la medida, todo cimentado en reportes oficiales y estadísticas certificadas por autoridades competentes. Esta exigencia responde a la necesidad de justificar por qué se eligió un porcentaje tan alto en comparación con años anteriores, buscando que la cifra final sea el resultado de una operación aritmética clara y no de una imposición sin sustento técnico.
Mientras el presidente Gustavo Petro convoca a mesas de concertación urgente con gremios y movimientos sociales para definir este nuevo monto, la garantía para el trabajador es que su pago de este domingo no sufrirá recortes. Sin embargo, la gran expectativa nacional se traslada ahora a la definición de la próxima quincena, ya que una vez se emita el decreto de transición, el valor del salario mínimo podría ajustarse nuevamente. El mandatario ha insistido en que respetará la separación de poderes, pero que su prioridad absoluta será defender el “salario vital” ordenado por la Constitución, lo que anticipa una semana de intensas negociaciones en la capital del país.
Por ahora, el mensaje para las oficinas de talento humano, contadores y ciudadanos en general es de normalidad absoluta en el flujo de pagos programados para este fin de semana. No es necesario realizar ajustes en los sistemas de nómina para esta fecha, evitando así traumatismos en el consumo y en el cumplimiento de obligaciones de los hogares colombianos. La vigilancia de las autoridades laborales estará puesta en que se cumpla con el pago del monto de $2.000.000 pactado originalmente, mientras el país aguarda por la nueva cifra que definirá el rumbo de la economía nacional para el resto del año 2026.
