La Plaza de Bolívar se convirtió este jueves en el epicentro de una masiva manifestación en defensa del “salario mínimo vital”. Ciudadanos, centrales obreras y movimientos juveniles se movilizaron para rechazar la decisión del Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo en dos millones de pesos para 2026. Los manifestantes calificaron la medida judicial como un golpe a los derechos de los trabajadores y las madres cabeza de familia, argumentando que el aumento es un alivio necesario frente al costo de vida actual.
El trasfondo de esta movilización es profundamente electoral. Con las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo en el horizonte, el incremento salarial —el más alto del siglo en Colombia— se ha transformado en un “derecho adquirido” que pocos sectores políticos se atreven a cuestionar públicamente por el alto costo en votos que representaría. Mientras el presidente Gustavo Petro se prepara para expedir un nuevo decreto ajustado a los requerimientos legales, la presión en las calles busca enviar un mensaje de unidad frente a los gremios empresariales que advierten sobre un posible disparo en la inflación.
Para los analistas, este choque de poderes pone a prueba la estabilidad institucional del país. Por un lado, el tribunal exige que el ajuste salarial cumpla rigurosamente con los criterios técnicos y constitucionales de productividad e inflación; por el otro, el Gobierno y sus seguidores defienden la medida como un acto de justicia social. La resolución de este conflicto definirá no solo el ingreso de millones de hogares, sino también el clima político de cara a la contienda presidencial de mayo.
