El presidente Gustavo Petro puso fin a la incertidumbre generada por la suspensión judicial del aumento salarial. En un acto masivo en Bogotá, el mandatario firmó un nuevo decreto que sostiene el incremento del 23,7 %, dejando el salario mínimo en dos millones de pesos (incluyendo auxilio de transporte). Según Petro, este nuevo documento cumple rigurosamente con las órdenes del Consejo de Estado al incorporar estudios técnicos sobre productividad laboral y canasta mínima vital, elementos que, según el tribunal, hacían falta en el decreto original de diciembre de 2025.
La firma del documento no fue solo un trámite administrativo, sino un evento político de gran calado. Petro enfatizó que este “salario vital” es una obra histórica que busca garantizar una existencia digna a los trabajadores, y proyectó que la tendencia al alza debería mantenerse para el año 2027. Sin embargo, la movilización ha despertado críticas en diversos sectores, que ven en la convocatoria a las calles una forma de presión indebida hacia los magistrados que deben decidir sobre la legalidad de la medida en pleno año electoral.
El futuro de este aumento ahora queda nuevamente en manos del Consejo de Estado, que deberá evaluar si los nuevos sustentos de “economía clásica” y productividad presentados por el Ejecutivo son suficientes. Mientras tanto, el impacto en la inflación y el empleo sigue siendo la principal preocupación de los analistas económicos, quienes temen que la rigidez de esta cifra, la más alta del siglo en términos de incremento, termine afectando la contratación formal en el mediano plazo.
