En un fallo histórico emitido este 20 de febrero de 2026, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a José Leonidas Bustos Martínez a una pena de 123 meses y un día de prisión (10 años y 2 meses). El exmagistrado fue hallado culpable de liderar una red de corrupción que manipulaba procesos judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero, en el escándalo que el país conoció como el “Cartel de la Toga”. Además de la cárcel, se le impuso una multa de 133 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la condena.
La providencia fue enfática al negar cualquier beneficio de casa por cárcel o suspensión de la pena, subrayando el “daño incalculable” causado a la credibilidad de la justicia colombiana. Bustos, quien abandonó el país en 2018 y se presume reside en Canadá bajo solicitud de asilo, enfrenta ahora una orden de captura internacional reforzada por una notificación roja de Interpol. El fallo también ordenó investigar sus bienes para procesos de extinción de dominio, vinculando sus activos directamente con los pagos ilícitos recibidos, como los reportados por el exsenador Musa Besaile.
Con esta decisión, Bustos se une a la lista de altos funcionarios ya condenados por este entramado, como Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino. El caso, que estalló en 2017 gracias a la cooperación de la justicia de Estados Unidos y el testimonio del exfiscal Luis Gustavo Moreno, demuestra que los tentáculos de la corrupción lograron alcanzar a los juristas más notables del país. La extradición de Bustos se convierte ahora en el próximo gran reto de la Cancillería y la Fiscalía para asegurar que cumpla su sentencia en un centro penitenciario del INPEC.
