El Congreso de la República se convirtió esta semana en el epicentro de una de las crisis políticas más profundas para el Gobierno Nacional. Tras la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años que padecía hemofilia, la representante Jennifer Pedraza radicó formalmente una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La iniciativa busca apartar al funcionario de su cargo, señalándolo como responsable político de las fallas en el suministro de medicamentos vitales que habrían derivado en el fatal desenlace del menor en la ciudad de Bogotá.
El caso ha escalado rápidamente debido a las graves denuncias de Katherine Pico, madre de Kevin, quien asegura que el sistema de salud pública suspendió durante dos meses la entrega de Emicizumab, un fármaco indispensable para controlar la condición del niño. La tragedia ocurrió el pasado viernes, luego de que el menor sufriera una caída en bicicleta; sin embargo, la familia sostiene que el sistema inmunológico y la capacidad de respuesta del niño estaban comprometidos por la falta del tratamiento que el Estado debía garantizar.
La controversia tomó un tinte aún más oscuro tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro Jaramillo, quienes sugirieron que la responsabilidad recaía en la familia por permitir que el niño practicara deporte. Este señalamiento, sumado a la divulgación de apartes de la historia clínica del menor por parte del mandatario —información protegida por reserva legal—, ha sido calificado por diversos sectores como una revictimización inaceptable. “Es inadmisible un ministro que, en lugar de asumir fallos en el sistema, ataca a una madre en duelo”, puntualizó Pedraza durante la radicación del documento.
Mientras el debate político se calienta en la Cámara de Representantes, la justicia avanza por su cuenta. La Fiscalía General de la Nación confirmó la apertura de una investigación preliminar a cargo de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá. Por el momento, el ente investigador recopila pruebas técnicas y testimoniales para determinar si existió una omisión criminal en la cadena de suministro del medicamento, aunque hasta la fecha no hay personas vinculadas formalmente al proceso penal.
El futuro de Jaramillo queda ahora en manos del Legislativo. Aunque históricamente la moción de censura no ha logrado remover a ningún ministro en Colombia, el peso simbólico de este caso y el consenso de diversos sectores políticos podrían marcar un precedente. El país observa con atención si el Congreso priorizará el control político sobre las alianzas de gobierno en un caso que pone en entredicho la efectividad del acceso al derecho fundamental a la salud para los ciudadanos más vulnerables.
