La Misión de Observación Electoral (MOE) ha encendido las alarmas tras el cierre del proceso de inscripción de cédulas para las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026. Según su séptimo informe de monitoreo, 103 municipios del país registran comportamientos estadísticos atípicos que ameritan una intervención inmediata del Consejo Nacional Electoral (CNE). Si bien la inscripción general de ciudadanos por cambio de residencia bajó un 21,61 % respecto a 2022 (con un total de 2.077.278 inscritos), la concentración inusual de votantes en puntos específicos sugiere posibles riesgos de trashumancia electoral o “trasteo de votos”.
El informe pone la lupa sobre 12 municipios con niveles de riesgo “extremo”. Entre ellos sobresalen Nuevo Belén de Bajirá (Chocó), Puerto Gaitán (Meta) y Cúcuta (Norte de Santander), donde las tasas de inscripción por cada mil habitantes superan con creces el promedio nacional. La MOE advierte que, si bien estos picos pueden responder a dinámicas migratorias reales, en territorios con antecedentes de orden público o alta movilidad, estas cifras suelen ser el primer indicio de manipulación del censo electoral para favorecer candidaturas locales o regionales.
Otra preocupación mayor radica en las zonas rurales. En las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP), 46 municipios presentan irregularidades, especialmente por el traslado de votantes de las cabeceras urbanas hacia puestos de votación rurales, lo que podría distorsionar la representación de las víctimas del conflicto. A esto se suma una crítica directa de la organización hacia la Registraduría Nacional por la falta de acceso a datos en tiempo real, lo que, según la MOE, representa un retroceso en la transparencia y dificulta la detección temprana de fraudes. La organización concluye exigiendo al CNE que verifique la residencia real de los inscritos en estos 103 puntos críticos antes de que se consolide el censo definitivo.
