El sector inmobiliario colombiano recibió con preocupación el Decreto 0572 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, el cual modifica de manera significativa el régimen de retención en la fuente para actividades relacionadas con la gestión, corretaje y administración de bienes raíces.
Una de las principales medidas adoptadas por el decreto es el aumento en la tarifa de autorretención en la fuente para los servicios asociados al código CIIU 6820, que incluye actividades como administración de inmuebles, arriendos, avalúos y consultoría inmobiliaria. La tarifa pasó del 1,1 % al 3,5 %, lo que representa un incremento importante en la carga tributaria para profesionales y empresas del sector.
Adicionalmente, el decreto reduce el umbral de valor exento de retención en la fuente sobre la venta de inmuebles, ampliando el rango de transacciones sujetas a este gravamen. Aunque no se afectan directamente todas las operaciones de compraventa de vivienda, como podría interpretarse erróneamente, sí se encarece el ejercicio profesional y empresarial de la actividad inmobiliaria.
Desde Fedelonjas, la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, se ha manifestado una seria preocupación. El gremio advierte que esta medida incrementa la presión fiscal sobre pymes y profesionales independientes, afecta la liquidez del sector y podría estimular la informalidad. También señala que la acumulación de saldos a favor en el impuesto de renta, derivada de esta retención anticipada, obligará a engorrosos trámites ante la DIAN.
Frente a este panorama, Fedelonjas solicitó la revocatoria inmediata del decreto y pidió al Gobierno abrir espacios de concertación con el sector. Mientras tanto, recomendó a sus afiliados revisar su situación tributaria, ajustar sus sistemas contables y reformular sus estructuras tarifarias para adaptarse al nuevo marco fiscal.
Aunque el objetivo declarado del decreto es mejorar el control sobre las operaciones comerciales y combatir la evasión, el impacto inmediato sobre el sector inmobiliario ha sido interpretado como desproporcionado y riesgoso para la sostenibilidad del gremio. La incertidumbre y la necesidad de ajustes inmediatos marcan la agenda del sector en estos días.
