La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, enfrenta nuevamente una grave crisis humanitaria que podría dejar más de 6.000 personas desplazadas o confinadas, como consecuencia de los enfrentamientos armados entre el ELN y la disidencia del Frente 33. Ambos grupos mantienen disputas territoriales ligadas al narcotráfico, en un contexto de débil presencia estatal y una política de “paz total” que no logra traducirse en seguridad para la población civil.
La violencia se intensifica en un territorio históricamente golpeado por el conflicto armado, donde comunidades campesinas, indígenas y rurales quedan atrapadas entre las balas, el miedo y el abandono institucional. Las alertas humanitarias advierten confinamientos, restricciones a la movilidad y un alto riesgo de desplazamiento forzado.
Ante la gravedad de la situación, la vicepresidenta Francia Márquez señaló que el Estado, junto con el presidente Gustavo Petro, debe implementar acciones urgentes para frenar la escalada violenta. La vicepresidenta advirtió que el cierre de 2025 no puede repetir la tragedia vivida un año atrás, cuando más de 60.000 personas fueron desplazadas y cerca de 100 asesinatos sacudieron al Catatumbo.
Sin embargo, organizaciones sociales y líderes comunitarios cuestionan la efectividad de las medidas anunciadas y denuncian que la “paz total” se ha convertido en un discurso distante frente a la realidad de los territorios. Reclaman presencia integral del Estado, garantías de seguridad y soluciones estructurales que permitan proteger a las comunidades y romper el ciclo de violencia.
La situación en el Catatumbo vuelve a poner en evidencia las limitaciones de los acuerdos y la incapacidad institucional para contener el avance de los grupos armados ilegales. Mientras estos consolidan su control en zonas estratégicas para el narcotráfico, la población civil sigue pagando el precio de una paz que, para muchos, aún no llega.
