Comunidades advierten sobre graves impactos y se presenta el nuevo Plan
Maestro.
La ampliación del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, que contempla la
construcción de una segunda pista y cuya inversión podría alcanzar los 14.5 billones de
pesos, ha generado una fuerte controversia en la región. Líderes comunitarios y la Veeduría
Vida JMC advierten sobre los posibles impactos ambientales, sociales y económicos del
proyecto, mientras crecen las dudas sobre la viabilidad y el destino de los recursos públicos.
Desde 2015 se han adjudicado al menos tres estudios técnicos para evaluar la expansión del
aeropuerto. En 2015, la Unión Temporal Rionegro recibió $3.759 millones para elaborar un
plan maestro. En 2018, el Consorcio ETA-CNS-AEROCIVIL1748 obtuvo $7.500 millones
para estudios y diseños, y, actualmente, la intervención del Consorcio Aeropuerto-Rionegro
30 que presentó, entre otras cosas, el estado actual del aeropuerto, las etapas de
planificación y las fases de desarrollo aeroportuario en las que se incluyen el estudio social,
predial, medioambiental y plan de inversión.
Al respecto de los estudios técnicos, el pasado 7 de marzo en la Mesa de Infraestructura y
Movilidad del Oriente antioqueño, realizado en la cámara de Comercio del Oriente
Antioqueño, el Consorcio Aeropuerto – Rionegro 30 entregó la consultoría y estructuración
integral para la actualización del plan maestro, en donde en la caracterización sociopredial
un total de 657 predios privados de las veredas Abreito, Abreo, Aeropuerto, Barroblanco,
Chachafruto, El Carmín, La Mosquita, Mampuesto y Playa Rica, se verían afectados por la
construcción de la segunda pista.
Uno de los puntos más polémicos en la construcción de la segunda pista, es que la obra
implicaría un significativo movimiento de tierras y la reubicación de numerosas familias
campesinas. Organizaciones sociales advierten que muchas de estas familias no tienen
títulos de propiedad formalizados, lo que podría dificultar las indemnizaciones y generar
conflictos. Además, la expansión podría afectar fuentes hídricas esenciales para la región,
poniendo en riesgo el equilibrio ecológico.
Para Camila Escobar, presidenta ejecutiva del CCOA, este es uno de los proyectos más
importantes no solo para el Oriente antioqueño, sino también para el país dada la
importancia del aeropuerto y sus proyecciones futuras. “No es solamente los costos, es
entender las realidades de los ciudadanos que se identificaron alrededor del aeropuerto.
Tenemos que estar articulados, esto es un tema de todos. Es un proyecto que sí o sí se tiene
que dar para la competitividad del departamento”, afirma.
A nivel financiero, la inversión proyectada ha despertado dudas entre expertos y
ciudadanos. Algunos sectores sugieren que, en lugar de ampliar la infraestructura actual,
una mejor alternativa sería modernizar la terminal y considerar la construcción de un nuevo
aeropuerto más cercano a Medellín, lo que reduciría el impacto ambiental y social en
Rionegro y el Oriente antioqueño.
Los costos del último estudio contemplan la compra de predios por $ 1.098.786.803.385,0;
la gestión ambiental por $ 252.883.546.568,3; la etapa 1 por $ 1.876.375.749.717; etapa 2
por $ 8.344.580.017.893 y la última etapa por $ 2.856.294.001.547, lo que en su totalidad
el proyecto podría ascender a la cifra en billones de pesos de $ 14.428.920.119.111.
Por su parte, el Representante a la Cámara Luis Miguel López, hace un llamado al
Gobierno Nacional para hacer o dejar hacer, ya que hace dos años está radicado el Proyecto
de Ampliación del Aeropuerto gracias a un “otro sí” y poder atender la carga de pasajeros.
“Esto tiene que ser una alianza Público – Privada; por ello necesitamos voluntad política y
seguridad jurídica. A nosotros no nos pueden decir desde el Gobierno que nosotros vamos a
hacer esto, nos quedaríamos esperando ese aeropuerto. La inversión puede llegar de muchas
partes del mundo, pero también hay interés de nacionales en este proyecto”, expresa.
Dentro de los estudios urbanos el polígono de implantación de la segunda pista se trata,
corresponde a un área identificada como “Zona de producción agropecuaria” y “Zona
agroforestal., las cuales representan el mayor impacto en el uso del suelo. Estas áreas se
agrupan dentro de las Categorías de protección en el suelo rural como “Áreas para la
Producción Agrícola y Ganadera y Explotación de los Recursos Naturales”; categoría de
protección a la producción agrícola, dispuesta en los instrumentos de planeación municipal
en atención a lo señalado en el artículo 4 del Decreto 3600 de 2007.
Adicional a toda la afectación planteada en el polígono definido para la construcción de la
segunda pista; en la alternativa intermedias de desarrollo se verían afectados predios
destinados a “Zonas de Actividad de Servicios Especializados”, enfocados a actividades
complementarias a los servicios aeroportuarios o a los servicios de turismo. También se
afectan áreas establecida como “Rondas Hídricas”.
“Nos queda una gran tarea y un gran desafío y es la articulación de alcaldías, gobernación,
Aerocivil y Concesionaria; el tema de los predios es un tema que debemos trabajar con
mucha delicadeza”, expresa el senador antioqueño por el partido conservador Nicolás
Albeiro Echeverry y quien estuvo presente en el en la Mesa de Infraestructura y Movilidad
del Oriente antioqueño.
Ante la incertidumbre, la comunidad ha exigido a las autoridades explicaciones claras sobre
los estudios técnicos que respaldan la ampliación, transparencia en la inversión de los
recursos públicos, un proceso de participación real, en el que los habitantes puedan incidir
en las decisiones que definirán el futuro del territorio.
Juan Carlos Valencia, Coordinador de la Oficina de Proyectos de la Aeronáutica Civil,
expresó que: “el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro podría movilizar para el año
2056 43 millones de pasajeros, además, para el mismo año, más de 100 mil operaciones y
200 mil toneladas de carga, lo que permite visualizar que este aeropuerto es un actor
importante a nivel nacional e internacional”.
Finalmente, mientras el debate sigue abierto, las comunidades afectadas y organizaciones
civiles se preparan para exigir respuestas y acciones que garanticen el respeto por el
medioambiente, la protección del tejido social y el uso adecuado de los recursos públicos.
