La Contraloría General de Antioquia ha puesto en marcha una de las actuaciones más determinantes para la transparencia administrativa en el departamento en lo que va de 2026. Se trata de una actuación especial de fiscalización dirigida a 21 empresas de desarrollo urbano (EDUs) que operan en diversas subregiones del territorio antioqueño. Esta intervención, liderada por el contralor departamental Juan Carlos Herrera, tiene como objetivo central verificar si estas entidades están cumpliendo con los principios de economía, eficiencia y eficacia en el uso de los dineros públicos, o si su funcionamiento representa un riesgo para la estabilidad financiera de los municipios que las crearon.
El proceso se enfoca prioritariamente en empresas de municipios categorizados como de cuarta, quinta y sexta categoría. Esta decisión responde a la necesidad de vigilar de cerca el manejo presupuestal en localidades donde los recursos son más limitados y donde la creación de empresas industriales y comerciales del Estado debe estar plenamente justificada por una relación costo-beneficio positiva. La Contraloría busca determinar si estas empresas realmente están dinamizando la infraestructura local o si, por el contrario, se han convertido en estructuras administrativas con gastos excesivos que no se traducen en obras tangibles para la comunidad.
Entre los municipios cuyas empresas de desarrollo urbano están bajo la lupa, se destacan casos en el Oriente Antioqueño como Marinilla, La Unión y El Peñol. En la zona de Urabá, la fiscalización alcanza a Turbo, Necoclí, Carepa, San Juan de Urabá, Mutatá y Murindó. Hacia el Norte y Bajo Cauca, el proceso incluye a Yarumal, Santa Rosa de Osos, Donmatías y El Bagre. El Occidente también es parte de la revisión con Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Buriticá, mientras que en el Suroeste se evalúan Andes y Támesis. Completan la lista Remedios y Vegachí en el Nordeste, y San Carlos en el Magdalena Medio.
Esta es la segunda gran actuación de fiscalización que adelanta el organismo de control este año. Los resultados de estas auditorías serán fundamentales para que los Concejos Municipales y los alcaldes tomen decisiones de fondo sobre la viabilidad de estas entidades. Para la Contraloría de Antioquia, garantizar que cada peso invertido en desarrollo urbano sea utilizado con rigor técnico y transparencia es una prioridad en su labor de vigilancia sobre las 119 entidades territoriales de su jurisdicción.
