Según los estatutos de la Sociedad San Vicente de Paúl (SSVP), es una organización cristiana fundada en 1833 por laicos católicos, cuya vocación de sus miembros es seguir a Cristo en el servicio a los pobres.
Pero, el ingreso de recursos por la venta de propiedades de la SSVP en La Ceja, rifas, bonos y arrendamientos, que contrasta con la ruina de diferentes viviendas y las quejas por abusos del Presidente Serghio Ríos Ríos, motivaron a la señora Isabel Botero Carmona, a solicitar al Director de Asesoría Legal y Control de la Gobernación, Gustavo Adolfo Restrepo, garantizar el cumplimiento de los estatutos y protección del patrimonio de la Sociedad.
La petición inició solicitando revisar la permanencia en la presidencia de la Conferencia de La Ceja del Señor Ríos, elegido el 9 de junio 2004 en provisionalidad por seis meses y permanece, contrariando los estatutos que permiten periodos de dos años con una reelección y segundo nombramiento simultáneo del citado Señor como presidente local y departamental, siendo este último el control interno de todos los municipios.
La Gobernación requirió, entre otros, al Señor Ríos: presupuestos de vigencia (2015-2016), estatutos, informe de gestión (2014-2015), estados financieros, balance general, estado de resultados con sus notas, proyectos de presupuesto, listados de asistencia y firmas de las asambleas generales; asimismo, las actas de elección de la junta directiva, el plan de inversiones de excedentes, explicaciones del debido proceso con diferentes usuarios y el porqué de no reparar algunos techos.
El Señor Ríos respondió que busca, con el debido proceso, que usuarios desocupen las viviendas, que cuando impide y no realiza arreglos en los techos es presionando la entrega, además, que la Conferencia no dispone de asamblea general por tener solo 9 integrantes, ni estatutariamente se contempla, por lo que no tienen listas de asistencia o actas, ni elaboran presupuestos anuales, pero que cada 15 días realizan reuniones administrativas.
En el informe de gestión señala que estaban reparando las casas y que atendían a personas con bonos de arrendamiento, servicios públicos, auxilios universitarios y en salud; además, dice que ayuda al “grupo antinarcóticos”, los profesores y las juntas de acción comunal; también sostiene que obtuvo un salón social para ingresos y entrega aportes a todas las parroquias. Agregó el Balance General del 2014-2015 y los Estados de Resultados. Consultables en la dirección: http://periodicoeloriente.com/evidencia-ssvp
Del dicho al hecho
El impedir y no realizar arreglos a las viviendas para presionar desalojos, consta en procesos como el de la Señora Alba Marina Giraldo que convive con su mamá de 83 años, discapacitada, a quien le impidió reparar goteras del techo y cuando se deterioró, intentó la demolición de la vivienda con la Inspección de Policía. Estas formas de presión se complementaban por la Señora Rita Sulay Valencia, Fiscal de la Conferencia, que a la vez actuaba como “Conciliadora en Equidad”, forzando la salida de los usuarios; aducía que allí se construirían bloques de apartamentos con el Municipio que ella administraría; las irregularidades de la Señora Rita derivaron en un proceso en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Medellín (archivo 2017/427).
Sobre los integrantes de la junta (9), que por ser tan pocos no elaboraban listas de asistencia ni actas, ocho días antes, el Señor Ríos había presentado una lista con 12 dignatarios, entre quienes están las Señoras Rita Sulay Valencia-Fiscal, Adela Flórez-Tesorera y otros, además, de 7 vocales, aunque el 20 de octubre, por escrito, había expuesto que eran 10.
Manejo del patrimonio
Los estatutos responsabilizan a las juntas y concejos directivos de autorizar la venta o adquisición de propiedades, aceptación de herencias y legados, atención de asuntos judiciales, dividir bienes raíces; hacer préstamos y demás actos que deben consignarse en las actas y libros contables. Según las normas que rigen las sociedades sin ánimo de lucro (ESAL), los documentos requeridos por la Gobernación a la Conferencia, son los mínimos que está obligada a reportar anualmente y deben reflejar el manejo exacto, eficiente y ético de recursos, mientras que la Gobernación es responsable de las revisiones.
Pero del balance general al 31/12/2014, en activos, bancos y caja permanecen en ceros, sin ingresar a la contabilidad el producido de la rifa ($10.000 por boleta) de septiembre, de venta forzada para los beneficiarios, como la Señora María Carlina que vendió 5 talonarios bajo la promesa de que le arreglarían el techo, la familia fue desalojada.
Tampoco se reportan $80.000.000 de la venta de una propiedad con Matricula: 017-52176, a los Señores: Tobón Chica Edilberto y otros, del 10/11/2014, que parte de un loteo con registro: 017-23096. Del precio de venta se destaca que, según la Factura Nº 201600098440 del impuesto predial unificado del 2016, el lote con Matrícula 017-52177 que quedó de la Conferencia está avaluado en $200.505.794. En pasivos se reportan $11.045.309, con cuentas por pagar en ceros, aunque en el estado de resultados figuran por arrendamientos $38.077.500 y gastos operacionales $39.959.200; el Señor Ríos no presentó las notas ni los soportes de gastos solicitados.
Similar es el balance general del 2015, que, en activos, tiene caja en ceros y bancos con $2.045.723, no diferenciables si son de la consignación de arriendos o de la venta de boletas de ese año. Tampoco reporta $120.000.000 por venta de la propiedad con registro: 017-35418 del 23/12/2015, al Señor Bedoya Toro Javier Alejandro. Por su parte, los pasivos disminuyeron a $6.945.382, con las cuentas por pagar en ceros y en el estado de resultados los arrendamientos aumentaron a $39.223.712 y los gastos operacionales a $39.003.729.
Los activos del 2014 son $944.574.387, que aumentaron en el 2015 a $1.254.451.616; pero, en la sumatoria de los avalúos de la Factura Nº 201600098440 del Predial Unificado son de $1.541.778.870 y, según fuentes, existe un lote de la Conferencia en el Municipio del Retiro, cuya existencia, el Señor Ríos, no hace pública. No se dispone de soportes que confirmen cuantas de las 65 viviendas continúan en poder de la Conferencia o si aumentaron y que se reportaron como parte del patrimonio en la reunión del 9 de junio de 2004.
Vigilancia y control interno en LA SSVP
La Gobernación informó primero al Presidente del Consejo Nacional, Rafael Enrique Mora Navarro, quien en noviembre respondió que los problemas en La Ceja eran por el comportamiento de usuarios que vendían vicio, guardaban objetos robados o se prostituían en las viviendas. Luego, conociendo las evidencias y denuncia en la Fiscalía al Señor Ríos, por los presuntos delitos de falsedad en documentos, hurto, abuso de confianza y lavado de activos, solicitó al Presidente Internacional, Renato de Lima Oliveira, tomar correctivos en un plazo de 30 días. El Señor Renato pidió tiempo indefinido y adujo que el Vicepresidente en Sudamérica desarrolló reunión con todas las partes; la Señora Isabel nunca fue citada.
Las directivas internacionales también fueron advertidas por la denunciante, respondiendo el Coordinador de Proyectos, Bruno Fabre que estaba de viaje. El Presidente Nacional solicitó a la denunciante copias del proceso, como garantía la Señora Isabel le solicitó conformar una comisión y le reiteró las denuncias en llamada telefónica.
Finalmente, las denuncias se enviaron a la Asamblea y Consejos Nacional y Departamental; la única respuesta fue del Presidente Nacional a través del Señor Ríos, según consta en grabación del 19/09/17: “Esta mañana me llamó el presidente nacional y me dijo: quihubo de la gente de allá, ¿ya desocuparon? -No doctor- ¿Entonces usted qué espera para sacarlos? – ¿y que la señora lo llamó? -, pero que contaba con todo su apoyo, y es que cuando estuvo haciendo la visita se fue encantado de cómo funcionaba la Sociedad”.
La Gobernación, vigilancia y control
Aunque las presidencias local y nacional respondieron desde el 2016, la denunciante solo en marzo del 2017 fue informada, pero porque buscó en el despacho respuestas de fondo, según documentos, en la Gobernación le indicaron que las acciones posibles cancelarían la personería jurídica de la Conferencia, perjudicando a los beneficiarios, por lo que buscarían soluciones con los directivos internacionales. Pero, según el Decreto Presidencial 1529 de 1990, la Gobernación puede, sin que implique la liquidación de la ESAL, congelar sus fondos, si la actuación de la entidad afecta los intereses propios o a terceros y cancelar la inscripción de representantes de la junta directiva.
La norma nacional desemboca en la Ordenanza 29 del 2010, la circular 000194 del 2014 y otras en Antioquia, que condensan los lineamientos contables de las ESAL. Sin embargo, a pesar de la gravedad de las irregularidades denunciadas con las facilidades de verificación y de las posibilidades que brinda la norma, la Gobernación amplió el plazo hasta el 17 de julio del 2017 para que fuera la SSVP la que tomara medidas.
Ante el incumplimiento de las funciones de la Gobernación, la denunciante interpuso una queja el 27 de julio, exponiendo el engaño del que según documentos venía siendo objeto por el despacho evasor de sus funciones; asimismo, solicitó de nuevo intervenir la SSVP, anexó una nueva matricula inmobiliaria de ventas no registradas y el testimonio jurado de testigos sobre operaciones económicas fraudulentas del Señor Ríos.
Ante la queja, el 4 de agosto la Gobernación respondió descalificándola y programando una visita para el 14 del mismo mes en La Ceja, para revisar los documentos que ya antes habían sido solicitados y negados o alterados por el Señor Ríos. Del evento no se han presentado los resultados a la denunciante, pero en el audio de reciente visita de revisión de la queja el 5 de octubre, se perciben actuaciones atípicas del despacho oficial por la presencia de la Abogada del Señor Ríos, Beatriz Elena Giraldo Ramírez, que interviene en la entrevista sin informar a la denunciante quién es y el papel que representa, es notorio el interés de los funcionarios por encubrir la identidad y papel de la abogada.
La situación hace juego con las declaraciones públicas del Señor Ríos en las reuniones de la Conferencia, donde aduce que ya arregló todo con la Gobernación. Ante las múltiples evidencias la señora Isabel se pregunta qué pudieron haber arreglado. Sin embargo, más notorio para la denunciante es el silencio en la SSVP de todos los estamentos directivos. Frente al manejo económico, los estatutos y la regla que los precede expresan: “Las decisiones sobre el uso del dinero y de la propiedad se llevan a cabo después de una reflexión a la luz del Evangelio y de los principios Vicentinos. Deben realizarse precisos registros de todo el dinero recibido o gastado”.
Al finalizar la entrevista con la Señora Isabel se pregunta con voz entre cortada: a todas estas, ¿qué somos los pobres para la Sociedad San Vicente de Paul, acaso una minita de plata?
Entrevistas con Serghio Ríos
El señor Serghio Ríos es el Presidente Departamental de la SSVP, encargado de la regional Antioquia y Chocó, maneja la conferencia de La Ceja del Tambo, en la cual lleva 12 años.
Según el señor Ríos, la SSVP en la Ceja se encuentra establecida hace 103 años, tiempo en el que han sido muchos los beneficiarios de las viviendas. La mayoría de estas personas son de bajos recursos y el valor de los arriendos es simbólico, enfatiza su presidente, no supera los 250.000 pesos, siendo este el valor más alto que algunos de los favorecidos deben pagar mensualmente.
Por otra parte, el señor Serghio, afirma que muchas de las familias que, actualmente, habitan las viviendas llevan 30 y 35 años en ellas, reusándose a entregarlas y quitándole la oportunidad a otras personas de beneficiarse, por lo cual la Junta debe tomar medidas judiciales que obligan al desalojo. Asimismo, cuenta que muchas de las viviendas se están cayendo, situación que los llevó a acordar un aumento en el aporte que cada familia entregaría, con el fin de reunir fondos para las reparaciones. “Con la gran mayoría de las familias se habló y todos estuvieron de acuerdo, es más, ellos pusieron el precio de cuánto iban a seguir pagando. Solamente hubo por ahí como tres o cuatro familias que no aceptaron”.
La conferencia de La Ceja, en cabeza de Ríos, ha manejado bonos de arrendamientos, esto con el fin de ayudar a las personas que no son beneficiadas por la sociedad con una vivienda y puedan ajustar su arriendo en otros lugares. “Por 7, 8 meses o un año, se les da un valor de 100, 150 mil pesos para que ellos ajusten el arriendo en otras partes, pero eso es muy difícil, trabajar con este tipo de comunidad es muy difícil, porque los pobres son muy desagradecidos. Usted al pobre le da una o dos veces y ya tiene que comprometerse con ellos y ya usted les tiene que seguir dando y el día que usted deja de darles entonces usted es el ladrón, usted es el tirano, usted es la persona que no sirve. Eso es muy difícil”.
En cuanto al arreglo de las viviendas, afirma que, anteriormente, había muchos benefactores, Indulana, Fatelares e Imusa, pero que, al parecer, la administración que había en ese entonces las vendía, y, gracias a eso, la Conferencia fue perdiendo credibilidad ante la comunidad: “A mí me tocó muy duro, cuando recibí la imagen de la SSVP estaba por el suelo y ha sido difícil recuperarla”.
Del mismo modo, asegura que no cuentan con quién les aporte para la reparación de las casas y que a cuatro se les cayeron los techos por el comején, quedando solo los muros. Sobre esos terrenos, el año anterior, recibieron una propuesta de la Administración Municipal de La Ceja, donde: “ellos se encargaban de toda la construcción, pero solamente nos daban 20 apartamentos de 140 que iban a sacar, entonces nos pusimos a mirar en la junta y llegamos a determinar que es mejor que la conferencia se encargue de eso, porque eso nos permite traer más rentabilidad y todos los apartamentos le van a quedar a la conferencia, es meterse en una deuda tremenda, nosotros colocando el terreno es una inversión de, más o menos, 6.000 millones de pesos (…) lógicamente se tiene que hacer un préstamo en hipoteca. Entonces, estamos estudiando esa posibilidad y esa es como la mira y eso es lo que estamos viendo ahorita que se vaya a hacer porque con el municipio no”.
Ríos considera necesario vender viviendas para reparar otras, aunque lo percibe como “pañitos de agua tibia”; asegura que los ingresos por arrendamiento cuando pagan todos son de $6.000.000, de los cuales paga la secretaria, los servicios públicos y guarda una reserva porque quien se va deja los servicios cortados, y cuando han necesitado arreglar una casa el dinero se recoge de “poquito a poquito”, esperando tres o cuatro meses para recolectar los 12 o 14 millones que ha llegado a costar el arreglo.
Según el presidente, en Estados Unidos y Canadá hay conferencias muy pudientes, puesto que se hacen unos hermanamientos para los países más pobres. “Yo, por ejemplo, en el departamento estoy manejando unos hermanamientos con algunos municipios y hay municipios a los que, mensualmente, les mandan millones de pesos”.
Asegura que para el 2018 planea entregarle la Conferencia a alguien más para dedicarse al departamento porque, según él, lo recibió muy desorganizado. “En las conferencias no hay organización vicentina. La gente está en una conferencia ahí haciendo las cosas maquinalmente”.
Por último, explica que el único ente regulador que tienen y los puede intervenir es Asesoría y Control de la Gobernación de Antioquia, además cuenta que su proyecto para los dos últimos años que le faltan en la Presidencia del Consejo Departamental, es conformar un comité de formación vicentina espiritual y jurídica; finaliza explicando que Sonsón, Antioquia, es uno de los consejos que más dinero tiene, el patrimonio de ellos, según Ríos, es aproximadamente de 6.500 millones de pesos y actualmente cuenta con 185 viviendas.
