La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Con un fallo de 23 páginas, el alto tribunal ratificó la medida de aseguramiento impuesta previamente, rechazando los recursos que buscaban frenar su búsqueda por parte de la Interpol. González es señalado por la Fiscalía como el presunto cerebro detrás del esquema de sobornos para favorecer las reformas del Gobierno en el Congreso.
Según el escrito de acusación, González habría coordinado la entrega de $4.000 millones de pesos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. Los recursos, de acuerdo con la investigación, habrían provenido de sobrecostos en el polémico contrato de los carrotanques para La Guajira, gestionado a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd). La Fiscalía sostiene que González utilizó su poder político para instruir a Olmedo López en el desvío de estos fondos públicos.
Actualmente, el exdirector del Dapre se encuentra en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega le otorgó asilo político, lo que complica su extradición inmediata a pesar de la vigencia de la circular roja. Aunque González ha calificado las acusaciones como un “conjunto de mentiras”, la justicia colombiana avanza en el juicio en su contra por delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. La decisión conocida este 12 de febrero cierra la puerta a sus intentos por tumbar la orden de captura desde el exterior.
