El camino de retorno para las víctimas del conflicto armado en el Oriente antioqueño sigue bloqueado por la lentitud judicial. Este miércoles 4 de marzo de 2026, la fundación Forjando Futuros lanzó una alerta sobre el crítico estado de la restitución de tierras en la región. Según sus cifras, aunque se han radicado 6.857 solicitudes, solo el 30 % ha recibido una resolución judicial, dejando a miles de familias campesinas a la espera de recuperar los predios que abandonaron o de los que fueron despojados durante los años más crudos de la violencia.
La situación es especialmente preocupante en municipios donde el avance es nulo o mínimo. En Guarne, por ejemplo, de 50 solicitudes solo se ha resuelto una; en Sonsón, de 600 casos apenas 60 han llegado a sentencia; y en El Retiro, de 18 solicitudes presentadas, ninguna ha sido resuelta a la fecha. Gerardo Vega, abogado de la fundación, enfatizó que en el Oriente la mayoría de los casos corresponden a “pequeños terrenos” de entre una y tres hectáreas donde el abandono forzado por enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y agentes del Estado fue la constante.
Un panorama departamental desalentador
Antioquia, siendo uno de los departamentos más golpeados por el despojo, registra un cumplimiento general de apenas el 14,8 %. Las cifras consolidadas muestran un rezago profundo en diversas zonas:
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Medellín: 1.251 solicitudes y cero casos resueltos.
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Bajo porcentaje de éxito: Municipios como Dabeiba (0,3 %), Ituango (0,7 %) y Arboletes (0,75 %) muestran que la restitución no logra despegar en las zonas rurales más afectadas.
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Cifras nacionales: A nivel país, las sentencias solo representan el 10,6 % de las solicitudes totales, una cifra ínfima frente a la meta gubernamental de 300.000 casos.
“La gente no podía quedarse en la mitad del fuego esperando una bala perdida; abandonar también es una forma de despojo”, señaló Gerardo Vega, instando al Estado a implementar sentencias colectivas y trámites administrativos más ágiles.
Ante este escenario, Forjando Futuros propone que en los casos donde no existan opositores —que representan el 70 % de los procesos en el Oriente— se habiliten mecanismos de decisión rápida que no dependan exclusivamente de los tiempos de los juzgados agrarios. Mientras tanto, miles de familias que soñaban con retornar a sus parcelas para reactivar la economía agrícola de la subregión ven cómo el tiempo pasa sin que el Estado les garantice el derecho fundamental a recuperar su territorio.
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