El pasado 19 de febrero se cumplió un aniversario más de un caso que desconcierta a las autoridades y a la comunidad de Rionegro: la desaparición de José Luis Grisales Atehortúa. Han pasado cuatro años desde aquel sábado de 2022 cuando, hacia las 2:00 p. m., el hombre de entonces 56 años ingresó a una zona boscosa en el sector Finca 14 de la vereda Santa Bárbara y nunca regresó. Desde entonces, el rastro de Grisales se perdió por completo, dejando a su familia en un estado de incertidumbre permanente.
En su momento, el despliegue para hallarlo fue masivo. El cuerpo de Bomberos de Rionegro, la Defensa Civil y la Policía Nacional, con el apoyo de tecnología de drones y tres expertos caninos K9 enviados desde la capital del país, peinaron la zona palmo a palmo sin éxito. Hoy, el caso reposa en los anaqueles de la Fiscalía 24 del grupo de Desaparición Forzada. Aunque la entidad asegura que el proceso sigue vigente, la falta de nuevas pistas o hallazgos físicos mantiene el expediente en un estancamiento que angustia a sus seres queridos.
La familia de José Luis ha mantenido viva la búsqueda a través de derechos de petición y llamados constantes a la justicia. Sin embargo, al cumplirse este cuarto año, no existen reportes públicos que indiquen un cambio en la investigación. Este caso es un recordatorio de los desafíos que enfrenta el sistema judicial en zonas rurales de Antioquia, donde la espesura del terreno y la falta de testigos oculares convierten las desapariciones en laberintos judiciales que parecen no tener salida.
