La senadora del Centro Democrático y candidata presidencial, Paloma Valencia, denunció este martes presuntas irregularidades en la contratación realizada por un fondo adscrito al Ministerio de la Igualdad, el cual habría destinado más de $70.582 millones para la vinculación de 3.304 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, periodo que coincide con la actual temporada electoral.
Según expuso la congresista, los recursos fueron ejecutados a través de cuatro contratos suscritos con la empresa de servicios temporales Laborando S.A.S., con el objetivo de suministrar personal para distintos programas del ministerio. Entre ellos, se destacan 3.146 personas para el programa Jóvenes en Paz, 158 para el Sistema de Violencia Basada en Género, además de un número indeterminado de contratistas para la gestión operativa del fondo y el programa Agua es Vida.
Valencia calificó la situación como una “feria de contratos, burocracia y derroche”, y aseguró que el fondo funcionó durante cerca de dos años sin publicar contratos en el SECOP. “Ya entendemos por qué”, afirmó, al señalar que solo después de sus denuncias en el Congreso, en diciembre de 2025, comenzaron a hacerse públicos algunos documentos contractuales.
La candidata presidencial también reveló que, a noviembre de 2025, el Ministerio de la Igualdad contaba con 191 contratistas y 541 funcionarios, ninguno de ellos de carrera administrativa. Paralelamente, el fondo adscrito habría vinculado 308 contratistas adicionales entre 2024 y 2025, pese a que —según Valencia— desempeñaban funciones similares a las del propio ministerio.
A estas denuncias se suma la contratación de dos operadores logísticos para la realización de eventos, por un valor total de $68.949 millones, función que correspondería directamente al Ministerio de la Igualdad. De acuerdo con la senadora, esta estrategia habría sido utilizada para evadir la Ley 80 de contratación pública, al firmar los contratos por derecho privado desde el fondo adscrito, sin procesos de licitación.
“Para poder contratar a dedo, los contratos no los firmó el Ministerio sino el Fondo”, sostuvo Valencia, quien también alertó que en el SECOP no figuran facturas, anexos técnicos ni informes de supervisión de los contratos cuestionados.
Las denuncias se dan en medio de un ambiente de creciente escrutinio sobre la gestión del Ministerio de la Igualdad. En diciembre pasado, la congresista Catherine Juvinao aseguró que el ministro Juan Fernando Florián habría entregado cifras erróneas sobre la ejecución presupuestal de la cartera, afirmando que era del 46 %, cuando en realidad —según ella— apenas alcanzaba el 7 %. Por estos hechos, Juvinao radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación.
Hasta el momento, el Ministerio de la Igualdad no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las nuevas acusaciones, que se suman a otras controversias recientes sobre el manejo administrativo y contractual de la entidad.
