En el año 2015 el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos emprendió la tarea de construir 30.000 aulas, el 70% de las 51.000 que en ese entonces se necesitaban para solucionar déficit y para poder establecer la Jornada Única en la mayoría de las regiones colombianas, como estrategia para alejar a los estudiantes del pandillismo y la drogadicción y para eso constituyó el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, FFIE, a través del cual se adjudicarían los contratos. Los municipios debían aportar conjuntamente con sus Departamentos el 30% del valor de las obras a ejecutarse en cada jurisdicción y el FFIE el 70% restante.

Ese año se les encargó la tarea a constructoras como la multinacional Mota-Engil, Graña y Montero, Constructora Colpatria, Consorcio Gramma, Consorcio Desarrollo Escolar -G4 y Germán Mora Insuasti, entre otros. Los contratistas debían entregar las 30.000 aulas en diciembre de 2018, pero a 30 de marzo del año en curso, solo se habrían entregado 1.310 aulas, lo que significa que hay cientos de estudiantes que no están recibiendo clase o han tenido que ser trasladados a otros colegios y lugares cercanos.

Un cuestionamiento claro, por ejemplo, es frente a la expectativa de los contratos suscritor por el Fondo: A diciembre de 2018 se habían firmado 543 proyectos, “de los cuales 237 aun se encuentran en obra negra y de los 73 terminados solo se han entregado 12”, según concluyó la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República. Por lo anterior, el Contralor Carlos Felipe Córdoba declaró el asunto como de “impacto nacional”, anunciando que ante ese organismo se han presentado más de 30 quejas por irregularidades en la ejecución de las obras y por el sistema de contratación “A precio global fijo”, que según la Red de Veedurías del Huela dificulta que las comunidades educativas y la sociedad civil puedan verificar y vigilar la gestión del contratista y los interventores, como también la calidad y cantidades de obra a ejecutar, por lo cual denominaron este proceso como “El carrusel de las escuelas”.

Asimismo, la Contraloría aseguró que entre los proyectos terminados habría algunos con “notables desfases en los costos promedio”. Por ejemplo, en la Institución Educativa Pompilio Martínez de Cajicá, Cundinamarca, un salón de clases terminó costando $1.039 millones, cuando el presupuesto aprobado por aula era $146 millones, casi siete veces el valor inicial. Lo mismo habría ocurrido en Fusagasugá, La Mesa y Madrid (los tres municipios de Cundinamarca), donde las obras terminaron triplicando lo aprobado inicialmente.

Los proyectos aprobados en Antioquia están a cargo de la multinacional portuguesa Mota – Engil, a la cual se le adjudicaron dos contratos: Uno por 465.000 millones de pesos y otro por 440.000 millones, para un total de 905.000 millones de pesos, para la construcción de 252 colegios en varios Departamentos. La firma a su vez subcontrató las obras y por eso a los municipios nadie les da razón sobre los atrasos o sobre la suspensión de los trabajos. En un comunicado expedido en abril pasado, Mota-Engil aseguró que las obras contratadas por el FFIE están siendo ejecutadas por nueve contratistas y que su firma tiene una participación importante en la construcción. Asegura que ninguno de los colegios en los que han hallado sobrecostos tienen relación con sus proyectos, y que de 252 instituciones que le corresponde construir, ha terminado 15. Los otros contratistas no se han pronunciado.

Según publicó La FM, a marzo 30 tan solo cuatro de los 252 planteles se encuentran terminados; 111 están en obra; 69 en diseño; 28 en trámite de licencias; 26 con licencias expedidas y dos en etapa de suscripción. El balance inicial que hizo la actual Ministra de Educación María Victoria Angulo, establece que a 28 de febrero de este año, de 531 obras contratadas por el gobierno anterior habían entregado apenas 79, pero de esas algunas no habían podido iniciar clases porque no contaban con servicios públicos. En promedio, las obras presentaban un avance inferior al 30%.

Según publicación de la Revista Semana, el pasado 28 de marzo la Contraloría General de la República reveló una investigación preliminar sobre los retrasos que se están presentando en los proyectos de infraestructura educativa en varios departamentos del país. “Los resultados iniciales confirman retrasos en varias obras y determinan además, en algunos casos, costos exagerados”, se anota en un comunicado de prensa del ente fiscal.

Estudiantes de El Carmen y Rionegro,

víctimas del “Carrusel de los colegios”

En el año 2016, la Administración de El Carmen de Viboral presentó dos proyectos para el programa “Aulas para la Paz”, implementado por el gobierno nacional con miras a suplir el déficit en infraestructura educativa y recientemente inauguró las nuevas instalaciones en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, pero los trabajos para la segunda sede de la I.E. Fray Julio Tobón, contratada en agosto de 2017, que está ejecutada en un 60%, están prácticamente paralizados.

En Rionegro, donde se presentaron siete proyectos, tres fueron terminados, otros tres ni siquiera han comenzado y el otro está paralizado con un 52% de ejecución, ante lo cual las Administraciones han presentado sus quejas ante el Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría de la República, porque para cada proyecto los gobiernos locales aportaron el 30% de los costos.

El Alcalde de El Carmen de Viboral, Néstor Fernando Zuluaga, denunció que de dos megacolegios contratados para ese municipio a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, escasamente terminaron uno y nadie responde en el gobierno nacional por el segundo proyecto, debido al exagerado centralismo.

Durante la sesión informal de la Comisión de Ordenamiento Territorial realizada en Masora, en la cual estaba presente el Viceministro de Infraestructura Manuel Felipe Gutiérrez, el funcionario manifestó que la obra ubicada detrás de la Institución Educativa Fray Julio Tobón, avanzó en un 60%, pero está paralizada en este instante y absolutamente nadie responde, perjudicándose de manera notable la juventud carmelitana, porque tienen los niños hacinados en otro plantel educativo y altamente perjudicados por el incumplimiento del contratista.

El Alcalde Zuluaga Giraldo espera que su queja sea tenida en cuenta por el Viceministro de Infraestructura, aunque tiene informes en el sentido de que el contrato será declarado como “siniestrado”, para que la compañía Aseguradora responda por los dineros y adjudicar la obra nuevamente. Puso de presente que desde la Secretaría de Educación del Departamento, lo mismo que desde el Ministerio de Educación, les han brindado un acompañamiento, pero lo cierto es que el municipio lo que necesita es que terminen el megacolegio.

El proyecto demanda inversiones por 6.607 millones de pesos, tiene un área de 4.684 metros cuadrados en tres pisos y un semisótano, para 28 aulas e inició obras en agosto de 2017 y debió haberse entregado en mayo pasado. A los funcionarios de la Administración nunca los han invitado a una mesa técnica, o a sugerir sobre el desarrollo de la obra, pues se trata de una firma contratada por la multinacional Mota – Engil, que no tiene que darle cuentas al Municipio.

Aunque les dicen que en el colegio se trabaja, los periodistas de El Oriente visitamos la obra y solamente había un vigilante, nadie trabajando.

En Rionegro, tres colegios

sin empezar y otro a medias

Rionegro celebró el convenio con el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa en el año 2016, con el compromiso por parte del gobierno local de aportar 10.000 millones de pesos, más 5.000 millones que destinó para obras complementarias y el gobierno nacional aportaría 25.000 millones, para intervenir siete colegios que son: el Ana Gómez de Sierra en la vereda La Playa, San José de Las Cuchillas, Gilberto Echeverry en la vereda Cabeceras, IE. Barro Blanco, Colegio Guillermo Gaviria en la vereda Yarumal, Colegio de la vereda La Mosquita y la Institución Técnico Industrial Santiago de Arma.

Según informó el Secretario de Educación y Cultura, Jenaro Tabares Jaramillo, el nuevo bloque en el Santiago de Arma, el colegio de Barro Blanco y el Gilberto Echeverry de Cabeceras están terminados y los esperan recibir en el mes de julio, para que la Administración inicie las obras complementarias como unidades sanitarias, ornamentación y cerramientos, principalmente. “Con los otros colegios no se ha cumplido. Hablamos del Ana Gómez de Sierra que está ejecutado en un 52% y se debió haber entregado en el mes de junio. Los planteles de Cuchillas de San José, La Mosquita y el de Yarumal, ni siquiera han iniciado, pese a que hemos pedido la intervención del Ministerio de Educación, de la Contraloría y de la Procuraduría. Le hemos planteado al Ministerio que se haga una sesión de los contratos, para que otros contratistas procedan a hacer las obras para poderle cumplir a la comunidad”, manifestó el funcionario.

Indicó Tabares Jaramillo que el Municipio no ha recibido ninguna notificación de que los proyectos no se vayan a ejecutar, pero según una clasificación que hizo el Ministerio de Educación, en las instituciones educativas donde no se han iniciado las obras, están clasificadas en “Riesgo alto” de no ejecución.

En el caso de la nueva sede de la I.E. Ana Gómez de Sierra de la vereda La Playa, que tiene un 52% de ejecución, las obras están prácticamente paralizadas, solo unos cuantos trabajadores, sin material y sin explicación alguna.