La crisis climática ha golpeado con una severidad inusitada al territorio colombiano, dejando un rastro de destrucción que el presidente Gustavo Petro ha calificado como una emergencia de magnitudes históricas. Durante un consejo de ministros clave en Montería, el mandatario alertó que la factura para reconstruir el tejido social y la infraestructura básica del país ascenderá a una “decena de billones de pesos” en los próximos meses. El foco de la tragedia se concentra en la región caribeña y el Urabá, donde el desbordamiento de ríos principales ha desplazado a decenas de miles de familias, cobrando además la vida de al menos 14 personas. La situación es crítica: 24 de los 30 municipios del departamento de Córdoba se encuentran bajo el agua, y la llegada de un nuevo frente frío amenaza con prolongar la agonía de las comunidades que ya lo han perdido todo.
El plan de respuesta estatal no se limitará únicamente a la entrega de ayuda humanitaria inmediata, como las 10 toneladas de suministros enviadas recientemente por la UNGRD. El eje central de la estrategia presidencial apunta a una reforma estructural del uso del suelo: la reubicación masiva. Petro ha sido enfático en que la reconstrucción de viviendas, puentes y vías terciarias debe realizarse bajo el marco de la ley de gestión del riesgo, priorizando el reordenamiento del territorio para alejar a la población de las zonas de inundación recurrente. No obstante, el mandatario también lanzó una advertencia política contundente, denunciando que en medio de la tragedia existen actores locales que buscan desviar los recursos y las ayudas para favorecer campañas electorales. Por ello, el traslado de partidas presupuestales estará bajo una vigilancia rigurosa para garantizar que cada peso se traduzca en soluciones reales para los damnificados y no en capital político.
