Muy a pesar de quienes han subestimado las imputaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación en contra del alcalde José Cirilo Henao, la Secretaria Martha Lucia Zuluaga y la Contratista Natalia Bedoya, para el Ente Acusador “existió una vulneración de la transparencia y la legalidad” en el Convenio 021 firmado con la Corporación Ambientalista Peñolense.
Así quedó evidenciado en la Audiencia Pública que se realizó en la Casa de la Justicia de Rionegro, en la que, además, no se hicieron presentes los acusados, donde el Fiscal Anticorrupción leyó cada uno de los cinco delitos y las pruebas recolectadas: “Peculado por apropiación, interés indebido en la contratación, contrato sin el lleno de los requisitos legales, Falsedad ideológica y concurso de conductas punibles”, son los delitos indilgados.
Delitos que no son de poca monta y que, de demostrarse, enviaran a la cárcel por varios años al Alcalde, la Secretaria y la Contratista, además de inhabilitarlos por un largo periodo de volver a funciones públicas.
Entre las pruebas más contundentes que tiene la Fiscalía, se encuentran en un documento firmado por la secretaria Martha Lucia Zuluaga en el que “recibió a plena satisfacción el cumplimiento total del contrato” y que fue firmado solo dos días después de haberse firmado el Convenio 021 por parte del alcalde Cirilo.
También exhibió como prueba el Ente Acusador, el hecho de que se firmó un documento “modificando algunos de los compromisos del convenio sin haber hecho un estudio previo de la necesidad de las modificaciones y no se publicó en el SECOP”.
Afirmó el Fiscal Anticorrupción que no tiene ninguna duda, y que las pruebas así lo demuestran, de que “los recursos no se invirtieron en los objetivos del convenio”.
Para el próximo 16 de agosto, a las 10 de la mañana, fue convocada la tercera audiencia en la que la defensa de los imputados deberá presentar las pruebas que demuestren que no se cometieron los delitos imputados al Alcalde, la Secretaria y la Contratista de El Peñol.
Mientras tanto, se sigue a la espera de que un Juez de la República defina la situación de libertad de estos funcionarios.
