La Sociedad de Activos Especiales (SAE) realizó la venta, mediante subasta pública, de la finca La Manuela, uno de los bienes más emblemáticos incautados al narcotráfico en Colombia y que perteneció a Pablo Escobar Gaviria, cabecilla del extinto Cartel de Medellín. El inmueble está ubicado a orillas de la represa El Peñol–Guatapé, en la vereda El Uvital del municipio de El Peñol, en el Oriente antioqueño.
De acuerdo con la SAE, la propiedad fue adjudicada por un valor de $7.700 millones de pesos, recursos que fueron incorporados a las finanzas del Estado, como parte del proceso de administración y aprovechamiento legal de bienes que en el pasado estuvieron ligados a economías ilícitas.
La finca, con un área aproximada de 7.826 metros cuadrados, fue durante años un símbolo del poder criminal del narcotráfico y un espacio asociado a hechos de violencia que marcaron la historia reciente del país. En sus instalaciones se desarrollaron episodios de la vida personal del capo, así como actividades relacionadas con el accionar delictivo del cartel.
Tras su incautación, el inmueble fue devuelto a la legalidad y transformado en un activo que hoy genera recursos para el Estado. Según explicó la SAE, este proceso permite cerrar ciclos de violencia y convertir bienes del crimen organizado en oportunidades de reparación colectiva, memoria histórica y uso transparente de los recursos públicos.
Además de su carga histórica, la finca La Manuela adquirió con el tiempo un valor turístico y ambiental, debido a la presencia de árboles exóticos importados desde diferentes países de África, Europa, Chile y Estados Unidos, así como especies ornamentales poco comunes en la región, entre ellas magnolias y tulipanes.
Este componente patrimonial y ambiental fue clave para atraer el interés de los oferentes y dinamizar una subasta pública que, según la entidad, se desarrolló bajo estrictos principios de transparencia y legalidad.
La Sociedad de Activos Especiales reiteró su compromiso de continuar con la administración responsable de los bienes incautados al crimen organizado, promoviendo su aprovechamiento legal y simbólico como una forma de transformar el pasado violento en beneficios concretos para la sociedad.
