La Asociación de Municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño (Masora) presentó su balance de gestión correspondiente a 2025, destacando avances significativos en gestión catastral, ejecución de proyectos públicos y articulación interinstitucional, con impactos que trascienden los nueve municipios asociados del Altiplano y alcanzan otros territorios del país. Durante la jornada también fue aprobado el presupuesto para la vigencia 2026, proyectado en $29.000 millones.
Uno de los ejes centrales del informe fue la gestión catastral, función que Masora ejerce como gestor habilitado desde 2020. Esta labor ha permitido fortalecer el ordenamiento territorial, promover la equidad tributaria y mejorar la toma de decisiones públicas mediante información precisa y actualizada. Actualmente, Masora cumple funciones catastrales en municipios como El Retiro y San Vicente Ferrer, y ha extendido su experiencia a otros departamentos.
La entidad desarrolla procesos catastrales en ocho de los doce municipios del Quindío, incluida Armenia; en Manizales, Caldas, donde actúa como autoridad catastral; y en territorios de Norte de Santander, Barrancabermeja y el Tolima, con intervenciones en Melgar y Carmen de Apicalá.
En el componente de alianzas, se resaltó el trabajo con la Alianza Oriente Sostenible, iniciativa financiada por la Unión Europea, que impulsó procesos sociales y ambientales mediante capacitación y acompañamiento comunitario. También se destacó la articulación con la Agencia de Desarrollo Rural y los ministerios de Agricultura y Ambiente, en el marco de proyectos agroambientales y de extensión rural, rol que Masora ejerce como Entidad Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA).
En cuanto a proyectos públicos, Masora informó la ejecución de más de $30.000 millones en recursos del Sistema General de Regalías durante los últimos cinco años, principalmente en infraestructura vial a través de placas huella, beneficiando zonas rurales y urbanas del Oriente antioqueño y otras subregiones.
Finalmente, se destacó la administración del Centro Transitorio para Menores Infractores (CERA) y la coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en los 23 municipios del Oriente, en articulación con la Fiscalía, el ICBF, la Defensoría del Pueblo y la Policía de Infancia y Adolescencia. La entidad reiteró su compromiso con el desarrollo ordenado del territorio y el fortalecimiento de las administraciones municipales.
