Por: Alejandro Arcila Jiménez
Cualquiera que tenga amigos o familiares que hayan tenido o tengan cultivos de papa sabe lo difícil que es cultivarla y sobre todo venderla; hace tres décadas era uno de los productos que movía la economía del oriente antioqueño, pero su siembra se redujo drásticamente porque los precios dejaron de ser rentables y los campesinos, arruinados, debieron dedicarse a otras actividades agrícolas o abandonar definitivamente el campo. A lo que restaba de la papa colombiana le dieron su estocada final con el tratado de libre comercio con la Unión Europea y aunque el desangramiento se aceleró con la pandemia del COVID-19, la realidad es que el problema venía desde antes.
A la papa le aplicaron la misma dosis letal que al resto de productos agrícolas y a la industria nacional: libre comercio y abandono del Estado. Esta combinación es el resultado de aplicar al pie de la letra una receta que diversos organismos internacionales impusieron a Colombia desde hace treinta años y que consiste en abrir el mercado interno para que las importaciones de productos extranjeros nos inunden y librar a su suerte a los productores. “¡Hay que competir!” les dijeron y luego los arrojaron a los leones, como en el circo romano. La famosa competencia nunca fue libre ni justa: mientras países como Colombia dejaban a su suerte a los productores, los países más desarrollados implementaron fuertes programas de subsidios y apoyo al campo que desbalancearon cualquier posibilidad de competencia.
Por poner un ejemplo: ¿cómo podría competir un productor de maíz colombiano contra un estadounidense? Mientras la inmensa mayoría de productores colombianos tienen pequeñas propiedades rurales, no pueden acceder a medios técnicos y tecnológicos para aumentar su producción, deben enfrentarse sin pólizas de seguros a las condiciones del clima y a las variaciones de la economía, difícilmente acceden a créditos y cuando lo hacen usualmente deben pagar altos intereses; los agricultores estadounidenses reciben subvenciones del Estado, tienen créditos blandos y sus cosechas están aseguradas, no solo ante el clima, sino también ante los precios y, además, reciben toda la ayuda de un Estado fuerte que invirtió en ciencia y tecnología para que hoy una hectárea produzca más del doble de lo que producía hace treinta años. En ese contexto una libra de maíz importada, a pesar de viajar 4500 kilómetros desde Iowa a Rionegro, termina siendo más barata que una producida en Santuario, que está a escasos 20 km.
Por causa de estas políticas el campo colombiano está en el peor de los atrasos posibles y el resultado, tras treinta años de aplicar este modelo, es que más o menos el 30% de los alimentos que consumimos vienen de otros países y a pesar de que nos hubieran dicho que esa competencia beneficiaba a los consumidores, la realidad es que los precios nunca han mejorado y al contrario, la canasta básica ha aumentado de precio a una velocidad mayor que los salarios; es decir, al contrario de lo que se suponía que vendría con el libre comercio, los alimentos no solo no se abarataron, sino que se encarecieron.
Aunque en el caso puntual de la papa Colombia todavía tiene una producción sólida de más o menos 2,7 millones de toneladas anuales, suficientes para abastecer la demanda interna de papa, el gobierno Santos firmó un TLC con la Unión Europea que permitirá que al final de 2020 hayamos importado de Bélgica 65.000 toneladas de papa precocida, que equivalen a 160.000 toneladas de papa fresca, desplazando una parte del consumo de papa Colombiana y obligando a que los productores deban venderla por debajo de los precios de producción. Según la revista Dinero se calcula que producir un kilogramo de papa fresca en Colombia ronda los $700 y hoy su venta mayorista difícilmente supera los $350.
Y el gobierno actual responde que es a causa de la pandemia y puede ser que ese factor haya acelerado la quiebra del sector, pero quien conozca de la producción de papa sabe que el problema viene desde antes, que los paperos llevan años produciendo a pérdida y que la razón fundamental de su dilema no es el COVID, sino la terrible política económica y agropecuaria de los gobiernos colombianos desde César Gaviria hasta Iván Duque. Y este gobierno en vez de reaccionar como corresponde, respaldando su producción interna, generando sistemas que garanticen precios sostenibles (como las compras públicas de papa) e impidiendo la entrada de más papa importada; sigue negando las causas reales del problema y desatendiendo sus obligaciones con el sector.
“Proteger nuestra producción agrícola nacional y recuperar el proceso en el campo no es imposible, ni requiere de fórmulas mágicas”.
CODA: Sin lugar a dudas la papa es uno de los cultivos más tradicionales de nuestro país y todavía puede salvarse. Proteger nuestra producción agrícola nacional y recuperar el progreso en el campo no es imposible, ni requiere de fórmulas mágicas, los mismos campesinos llevan años dictando cátedra de cómo puede hacerse: Renegociando los TLC y creando políticas estatales de fomento al campo, que le inyecten recursos económicos, ciencia y tecnología. A propósito Dignidad Agropecuaria estuvo el domingo 29 de noviembre en el parque de La Unión a las 10 am y en el parque de El Carmen a las 2 pm, explicando con claridad los problemas de los paperos.
