El panorama económico de Colombia dio un giro drástico este fin de semana tras el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro frente a la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025. El mandatario confirmó que respetará la decisión del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que frenó el incremento del 23,7 % por considerar que carecía de sustento técnico suficiente. Petro aseguró que, aunque acata el fallo, su administración actuará bajo los principios de la Constitución para evitar que se deteriore el “salario vital”. En consecuencia, ordenó al Ministerio de Trabajo, en cabeza de Antonio Sanguino, convocar de inmediato a una Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para definir la cifra que regirá transitoriamente.
La cita para esta crucial reunión ha sido fijada para el próximo lunes 16 de febrero a las 10:00 a. m., donde se sentarán a la mesa representantes del Gobierno, gremios empresariales y centrales obreras. El objetivo es emitir un nuevo decreto en un plazo no mayor a ocho días, tal como lo estipuló la providencia judicial. El presidente ha defendido el aumento original de dos millones de pesos (incluyendo auxilio de transporte), argumentando que las mediciones económicas actuales muestran que el impacto de este ajuste en la inflación de alimentos es marginal. Sin embargo, el Consejo de Estado exige ahora una operación aritmética rigurosa que sopese variables como el PIB, la productividad y la meta de inflación del Banco de la República.
El tono del mandatario no estuvo exento de críticas hacia la decisión judicial, calificándola como un riesgo para los derechos de los trabajadores. Según Petro, suspender el salario mínimo vital podría anular las prerrogativas del Ejecutivo en materia de política social. Por esta razón, hizo un llamado público a la “coordinación de movimientos sociales” y al pueblo trabajador para que se expresen sobre este asunto, lo que ha sido interpretado por diversos sectores políticos como una invitación a la movilización social en defensa del polémico incremento del 23,7 %. Esta postura ha encendido las alarmas en los partidos de oposición, quienes piden que el nuevo decreto se ajuste estrictamente a la realidad técnica del país.
Por el lado de los empresarios, representados por gremios como la ANDI y Fenalco, la noticia ha sido recibida con cautela pero con un llamado a la sensatez. El sector privado, que originalmente ofreció un aumento del 7,2 % frente al 16 % solicitado por los sindicatos, ha manifestado su disposición de acudir a la mesa de concertación del lunes. No obstante, han sido enfáticos en que el “daño inflacionario” ya está latente y que cualquier cifra transitoria debe estar respaldada por certificaciones oficiales para evitar que el empleo formal siga sufriendo presiones negativas. La gran incógnita es si el Gobierno logrará convencer a los gremios de una cifra cercana a los dos millones o si deberá ceder ante la presión de los indicadores macroeconómicos.
Mientras se llega a un acuerdo el lunes y se firma el nuevo decreto, el Gobierno ha sido enfático en que la quincena de este 15 de febrero debe pagarse con el aumento original, tal como lo permite el diferimiento de los efectos del fallo. Esto otorga una breve tregua de una semana antes de que entre en vigencia el nuevo valor, el cual tendrá carácter provisional hasta que el Consejo de Estado tome una decisión de fondo sobre las demandas interpuestas. El país aguarda con expectativa los resultados de la mesa del lunes, que no solo definirá el ingreso de 2,3 millones de asalariados, sino que pondrá a prueba la capacidad de negociación del Gobierno en un clima de alta tensión institucional.
