La relación entre el Gobierno Nacional y el departamento de Antioquia ha atravesado, en los últimos años, un periodo de marcadas diferencias institucionales y políticas. Mientras desde sectores regionales se ha insistido en la necesidad de mayor respaldo de la Nación a proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo, el Ejecutivo ha tenido una presencia activa en el territorio a través de intervenciones, vigilancias y decisiones administrativas en entidades clave del departamento.
Obras consideradas prioritarias para Antioquia —como las autopistas 4G, el Túnel del Toyo, el Tren del Río, la ampliación del aeropuerto José María Córdova y el acueducto de Urabá— han sido señaladas por autoridades locales como iniciativas que no han contado con el acompañamiento financiero esperado del Gobierno Nacional. No obstante, esta limitada participación en grandes proyectos contrasta con la actuación del Ejecutivo en sectores estratégicos como salud, educación y subsidio familiar.
Uno de los casos más representativos es el de Savia Salud, la EPS del régimen subsidiado que atiende a cerca de 1,7 millones de afiliados en Medellín y Antioquia. En 2023, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó su intervención forzosa, argumentando un alto nivel de endeudamiento con la red prestadora y un incremento en las quejas de los usuarios por fallas en la prestación del servicio. Desde entonces, la entidad ha estado bajo administración nacional y la medida ha sido prorrogada en varias ocasiones.
Otro episodio relevante ocurrió en 2024 con la intervención de Comfenalco Antioquia, una de las principales cajas de compensación del departamento, que agrupa a más de 420.000 trabajadores afiliados. La Superintendencia de Subsidio Familiar justificó la medida por presuntos riesgos financieros y jurídicos, especialmente relacionados con el manejo de recursos. Aunque meses después se indicó que la entidad contaba con condiciones para levantar la intervención, esta fue extendida y se designó una nueva dirección desde el nivel central.
El caso más reciente se presentó en la Universidad de Antioquia, una de las principales instituciones públicas de educación superior del país. A finales de 2025, el Ministerio de Educación ordenó la salida del rector John Jairo Arboleda, en medio de una compleja situación financiera que enfrenta la universidad, con déficits estructurales asociados al modelo de financiación de la educación superior pública. La decisión fue acompañada por el anuncio de recursos adicionales por parte del Gobierno Nacional, pero también generó reacciones en distintos sectores que cuestionaron el alcance de la medida y su impacto sobre la autonomía universitaria.
Estos episodios se suman a otros intentos de incidencia del Gobierno Nacional en instancias regionales, como ocurrió anteriormente con la junta directiva del Metro de Medellín, donde finalmente no prosperaron cambios en la gerencia tras la reacción de la opinión pública y sectores institucionales.
En conjunto, las intervenciones han abierto un debate de fondo sobre el equilibrio entre la rectoría nacional, la supervisión de los recursos públicos y la autonomía de las instituciones regionales. Mientras el Gobierno defiende estas acciones como mecanismos para garantizar la transparencia, la sostenibilidad financiera y la adecuada prestación de servicios, desde Antioquia se insiste en la necesidad de preservar la independencia administrativa de entidades que manejan presupuestos significativos y cumplen funciones estratégicas para el departamento.
