El 14 de febrero del 2017, la Administración de Rionegro, a través de la Subsecretaría de Prevención de Desastres, ordenó el desalojo del edificio Altos del Lago, pues este comenzó a presentar fallas en la estructura, además de no cumplir con los estándares de calidad ni con las normas vigentes en Colombia para este tipo de construcciones, según el comunicado N° 043, emitido el 6 de septiembre por la Alcaldía del municipio.
Nicanor Marín, abogado de la firma Marín & Sánchez, Legal-Corporativo, y quien representa a un gran porcentaje de los compradores de los apartamentos del edificio, nos cuenta acerca del proceso que se ha llevado y comenta que en junio del 2016 la Inspección de Policía Norte de Rionegro ya había realizado visitas en la obra, de las cuales pudieron dar ciertas recomendaciones, además de entregar informes donde, “preliminarmente, ellos encontraban cosas anómalas en cuanto a los materiales, en cuanto a la construcción y, también -aunque no es competencia de ellos- en cuanto a la responsabilidad de los constructores frente a los usuarios que fueron comprando sus inmuebles”.
Pese a que las fallas fueron identificadas en el 2016, ocho meses antes de que se ordenara el desalojo, los copropietarios continuaron habitando la edificación y otros tantos comprando el inmueble, sin conocer la magnitud del asunto y la problemática que se presentaría, dejando con eso 116 familias afectadas.
Según Marín, pese a que el municipio conoció en el 2016 los inconvenientes del edificio Altos del Lago, para la fecha, no se evidenciaban las fallas que presentaría más adelante, puesto que estas se vinieron agudizando paulatinamente, y que, además, para ese momento (junio de 2016) la Administración cumplió con la función de ejercer control y vigilancia sobre la obra.
Ocho meses después: el desalojo
El día 13 de febrero del 2017, recuerda Nicanor Marín, la Administración Municipal emitió la orden de desalojo del edificio, en la cual decía que en el término de 24 horas debería ser evacuado por completo. De esta manera, el 14 de febrero se dio una reunión para discutir el tema, en la cual participaron la firma de abogados Marín & Sánchez, delegados de los propietarios, Representantes Legales y Accionistas de la Constructora SINCC, el Secretario de Gobierno, Secretario de Hábitat y la Oficina de Prevención del Riesgo, y fue en dicha reunión donde se acordó contratar una entidad competente para que valorara el estado del edificio. Ya el 15 de febrero se dio el lanzamiento real.
Para la fecha en la que se emitió la orden, el problema de la estructura se evidenciaba de manera general, aunque “en algunos apartamentos se veían más grietas que en otros; por ejemplo, un apartamento colindante con una viga estructural, obviamente, se veía más porque tenía acceso a la viga; los apartamentos cercanos a los ascensores o al ascensor, también mostraron fisuras; otros apartamentos, si bien no eran problemas estructurales, sí lo eran respecto a los materiales con que fueron construidos. Y todo este tipo de anomalías”, asegura el abogado.
“en algunos apartamentos se veían más grietas que en otros; por ejemplo, un apartamento colindante con una viga estructural, obviamente, se veía más porque tenía acceso a la viga; los apartamentos cercanos a los ascensores o al ascensor, también mostraron fisuras; otros apartamentos, si bien no eran problemas estructurales, sí lo eran respecto a los materiales con que fueron construidos. Y todo este tipo de anomalías”
Después de la reunión que se llevó a cabo el día 14 de febrero del 2017, y donde se acordó contratar a un ente competente para que determinara en qué situación se encontraba la obra, en un principio la Universidad EAFIT, también se pactó que durante tres mes, tiempo en el que debería ser entregado el informe, los propietarios recibirían un subsidio por parte de la constructora, sin embargo, dicho beneficio solo cobijaría a diez personas, pues solo ellas fueron censadas en el momento del encuentro, hecho que Marín reparó, “pues no necesariamente esas diez personas eran las únicas que habitaban el edificio, habían más, solo que cuando el municipio censó, sólo encontró esas diez, pero habían más”.
Se cumplieron los tres meses
Aunque se había dicho que la entidad encargada de realizar el estudio y entregar el informe sería la Universidad EAFIT, el municipio contrató con otra institución: la Universidad Nacional, esta también contaba con tres meses para entregar los hallazgos en Altos del Lago, pero, según el abogado, tardó más.
Terminados los tres meses, la entidad contratada por el municipio no hizo entrega del informe, como se había acordado, pero, cumplido ese tiempo, la constructora sí dejó de entregar el subsidio de arrendamiento a los diez propietarios que fueron censados. De acuerdo con lo anterior, asegura Nicanor Marín, abogado de algunos propietarios, durante la reunión que se dio el 14 de febrero, “se dijo que, más adelante si se superaban esos tres meses sin que se resolviera el asunto, el municipio tomaría cartas allí y se avocaría a subsidiar a estas personas”.
Por su parte, la firma Soluciones Integrales en Construcciones Civiles S.A.S (SINCC), después de finalizado el pago de los subsidios, procedió a desaparecer, pues, asegura Marín, “no respondían ni a correos electrónicos, ni al WhatsApp (…) mucho menos a los teléfonos. Y como hecho supremamente grave, no se encontraban en el domicilio que deberían encontrarse según el certificado de Cámara y Comercio (…)”, hecho que causó angustia e indignación entre los propietarios.
Para el abogado de los copropietarios siempre hubo algo que no concordaba en cuanto al pago del subsidio por parte de la firma SINCC: “la constructora, efectivamente, pagó los tres meses, muy acuciosamente, eso a mí me generó dudas y hoy, en mi criterio, hubo una premeditación, de sacar esa gente como fuera, entonces dijeron: ‘no, paguémosles tres meses que con eso les pagamos’, porque a la fecha de hoy no se les ha vuelto a dar subsidio, ni por la constructora, ni por el municipio”.
Resultados del estudio
Mediante el comunicado 049, emitido por la Administración de Rionegro el día 6 de septiembre del año pasado, fueron entregados los resultados del estudio realizado por el Centro de Proyectos e Investigaciones Sísmicas de la Universidad Nacional de Colombia, quien, mediante el análisis de suelos y la estructura, mediciones topográficas y ensayos del concreto del edificio, encontró lo siguiente:
De acuerdo con los resultados, la sentencia general emitida por la institución fue: “El Edificio Altos del Lago no soporta su propio peso (…) no cumple con los estándares de calidad ni con las normas vigentes en Colombia para este tipo de estructuras”.
“La Inspección Norte, en función urbanística, sancionó como en 147 millones de pesos la constructora y se nos informó que ya esa sanción había quedado en firme, es decir, el municipio de Rionegro, a través de su Inspección Norte, en función urbanística, sancionó a la constructora por el edificio Altos del Lago y las inconformidades urbanísticas que hay allí, en 147 millones de pesos”, asegura Nicanor Marín, abogado de los copropietarios.
¿Qué dicen las autoridades?
En cuanto al tema del subsidio que se les había prometido a los copropietarios, si en los tres meses no había respuesta o solución al caso, afirma Nicanor Marín que “hay una queja grande que hay que hacer, y es que a mucha gente se le prometió ese subsidio de arrendamiento, incluso por los funcionarios de la misma Administración. Eso ya lo respondió el municipio y dijo ‘no hay subsidio de arrendamiento’, es decir, esta es la respuesta final del municipio, dejando ya a los copropietarios a libre disposición si quieren interponer las acciones administrativas, civiles o judiciales a que haya lugar, esto por el lado de los subsidios. Ahí está la decisión de la Administración: no hay subsidios”.
En cuanto al informe estructural que presentó la Universidad Nacional, cuenta Marín, hubo una sentencia contundente: “el edificio no sostiene, sino, meramente, su propio peso. Para todo el mundo, sin que digan que hay que demoler, es contundente dicha declaración, al entendido de que, si le ponen más peso, se desploma. Entonces, insisto que el informe de la Universidad Nacional, para mí, es determinante, ya la decisión final deberá tomarla, o bien el municipio o bien una decisión judicial”.
“Comité técnico Altos del Lago”
Desde comienzos de este año, se comenzaron a realizar encuentros para debatir y buscar soluciones en el caso del edificio Altos del Lago, en dichas reuniones participan autoridades municipales, entes de control, representantes legales y copropietarios de los apartamentos. Desde la Administración Municipal se cuenta con el Secretario de Gobierno y su Asesor Jurídico; el Personero y uno de sus delegados; el Subsecretario de Prevención del Riesgo; El Secretario de Planeación y uno de sus abogados; e Ingenieros Civiles y Arquitectos. Por parte de las autoridades de control, el Procurador Provincial con el funcionario encargado de las acciones preventivas. La firma Marín & Sánchez, abogados de los propietarios. Y algunos afectados en el caso. Además, cuenta el abogado Marín, que a las últimas dos reuniones asistió, primero un delegado de la constructora, y a la segunda el Representante Legal de la misma.
Comenta el abogado que la función del “Comité técnico” es realizar seguimiento al edificio, con el fin de que la Administración Municipal tomé una decisión al respecto: “o demuele, si es que tiene las facultades para ordenar tal cosa, o que decida lo que tenga que decidir, como Administración, para que tampoco genere o permita que se extiendan falsas expectativas desde la Administración Municipal”.
Como se dijo, la constructora se ha presentado a las últimas dos reuniones. A la primera asistió un emisario que, para Nicanor Marín, fue sin facultades de opinar o debatir. Y a la segunda asistió el señor Fabio Jaramillo, representante legal de la Firma, este, además, estuvo acompañado de un abogado y un ingeniero, “quien se presentó con largos pergaminos, de vieja y larga experiencia en el tema; este ingeniero, cuando se le dio la palabra en la última reunión, se le escuchó por más de 20 minutos y leyó un supuesto informe” afirma.
Dicho informe fue llevado a la última reunión porque en la anterior la constructora SINCC solicitó a la Administración un permiso de ingreso a la obra, con el fin de que ingenieros y expertos contratados por ellos evaluaran la situación y realizaran un análisis detallado, para lo cual se les dio un plazo de dos meses. No obstante, asegura Nicanor Marín, abogado de los copropietarios y testigo del estudio entregado, el ingeniero contratado por la Firma SINCC “no presentó ningún informe, parece ser que presentó como unas impresiones de lo que le dio la visita que supuestamente hizo, porque ellos dicen que hicieron dos visitas y dos ingresos al edificio, pero eso no es informe”.
Por otra parte, durante esta misma reunión, cada uno de los entes que asistió reprochó el hecho de que la constructora no respondieran en ninguno de los datos de contacto que había proporcionado, aduciendo que, en diversas ocasiones, cada uno ellos habían buscado establecer una comunicación con ellos, pero que nunca había sido posible.
Durante la última reunión que se desarrolló, se le recordó a la constructora que sólo le quedaba un mes para presentar el informe final del estudio hecho por ellos. “Se supone que en principio será un informe oponiéndose al estudio de la Universidad Nacional, pero que debe trascender la oposición del estudio de la Universidad Nacional diciendo cómo lo pueden reparar para que el municipio, a través de sus expertos, también diga si aceptaría o no esa propuesta de solución por parte de la constructora. Ese es el resumen que hay hoy”, añade Nicanor Marín, abogado de los copropietarios Altos del Lago.
Por último, se acordó en el Comité emitir una resolución donde se ordene congelar el cobro del impuesto predial, sin embargo, no hay claridad frente la fecha desde la que se detendrá el impuesto. “Estamos pidiendo que sea retroactivo, porque es que la gente no está usando su predio, no desde ahora, sino desde que el municipio ordenó el desalojo y que ese no cobro sea sin sanciones, no cobro del impuesto y para todos los copropietarios”, dice el abogado.
