La publicación de un borrador de acto administrativo por parte del Ministerio de Salud ha encendido las alarmas en el sector sanitario de Colombia, al plantear el traslado masivo de aproximadamente 6,6 millones de afiliados a nuevas entidades promotoras. La principal preocupación de expertos y veedores radica en que este movimiento obligaría a los usuarios a integrarse a EPS que actualmente se encuentran bajo intervención del Gobierno Nacional, lo que para muchos sectores representa un riesgo inminente para la continuidad de tratamientos y la asignación de citas. Esta medida ha generado un fuerte debate sobre la seguridad jurídica y operativa del sistema, dado que se estaría concentrando a una población vulnerable en instituciones que ya atraviesan dificultades financieras y administrativas.
Desde diversos sectores políticos y gremiales se advierte que entidades como Nueva EPS, la más grande del país, y Savia Salud, líder en el régimen subsidiado en Antioquia, serían las principales receptoras de este flujo de usuarios. La Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios de la Salud ha manifestado que este traslado no solo vulnera el derecho constitucional a la libre escogencia de la EPS, sino que pone a los ciudadanos en una situación de indefensión al ser remitidos a redes de servicios que ya muestran signos de saturación. El temor generalizado es que, al aumentar la base de afiliados de manera artificial y obligatoria, se deteriore aún más la calidad de la atención y se incrementen las barreras de acceso a medicamentos y cirugías.
El congresista antioqueño Luis Carlos Ochoa se sumó a las voces de protesta, exigiendo que el Ministerio de Salud aclare bajo qué criterios técnicos y de capacidad se pretende realizar este movimiento. El parlamentario enfatizó que las EPS intervenidas hoy le adeudan cerca de 5 billones de pesos a la red hospitalaria de Antioquia, una cifra astronómica que mantiene en vilo la operación de hospitales locales y regionales. Según Ochoa, es contradictorio pretender fortalecer el sistema trasladando a millones de personas a entidades que no han logrado sanear sus cuentas ni garantizar un flujo ágil de recursos hacia los prestadores de servicios, lo que podría derivar en un colapso de las IPS.
La incertidumbre también alcanza a los pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo, quienes temen que el cambio administrativo interrumpa sus procesos médicos vigentes. La falta de claridad sobre cómo se realizará la transición de la historia clínica y la autorización de servicios pendientes es uno de los puntos más críticos del documento en consulta. Los críticos del borrador señalan que, antes de proponer traslados masivos, el Gobierno debería enfocarse en estabilizar las EPS intervenidas y garantizar que estas cumplan con los indicadores de capital mínimo y patrimonio neto exigidos por la ley, evitando así que el remedio resulte más costoso que la enfermedad para los usuarios.
Finalmente, la presión social y política para que el ministro de Salud brinde explicaciones detalladas sigue en aumento. El país aguarda una respuesta oficial que determine si este acto administrativo será modificado tras recibir las observaciones de la ciudadanía o si se mantendrá la ruta del traslado masivo. Por ahora, el mensaje desde la bancada antioqueña y las asociaciones de pacientes es de resistencia, exigiendo que cualquier reforma o ajuste en la afiliación respete la autonomía del paciente y cuente con un respaldo financiero sólido que no ponga en jaque la vida de los 6,6 millones de colombianos que hoy no saben cuál será su futuro prestador de salud.
