Los 32 gobernadores de Colombia, junto con la Federación Nacional de Departamentos, manifestaron su rechazo al Decreto 1474 de 2025, expedido por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia económica, mediante el cual se incrementó el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado.
La postura fue expresada a través de una carta enviada al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, en la que los mandatarios regionales advierten que la medida vulnera la autonomía fiscal de los departamentos y modifica de manera estructural una de sus principales fuentes de financiación. En el documento, señalan que el impuesto al consumo es una renta cedida a las entidades territoriales, cuyo recaudo no hace parte del Presupuesto General de la Nación y que está destinado, en su mayoría, a financiar sectores estratégicos como la salud, la educación y el deporte.
Los gobernadores sostienen que el decreto introduce un esquema tributario rígido que limita la capacidad de decisión fiscal de los departamentos y aumenta su dependencia de las transferencias nacionales. Según indican, el impuesto al consumo representa cerca del 47 % de los ingresos tributarios departamentales, por lo que cualquier modificación estructural tiene un impacto directo en la sostenibilidad financiera de los territorios. En ese sentido, advierten que la búsqueda de recursos adicionales para el Estado central no puede realizarse a costa del debilitamiento del modelo de descentralización.
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es el efecto que tendría el aumento del impuesto sobre el contrabando y la ilegalidad. De acuerdo con las cifras citadas en la carta, el contrabando de cigarrillos alcanzó el 36 % en 2024, el nivel más alto desde 2011. Los mandatarios explican que, debido a la demanda inelástica de este producto, el incremento del impuesto no reduce el consumo, sino que favorece el mercado ilegal, lo que habría generado pérdidas cercanas a un billón de pesos para los departamentos solo en 2024.
En el caso de los licores, señalan que alrededor del 22 % del consumo corresponde a contrabando o productos adulterados, situación que no solo afecta las rentas departamentales, sino que también tiene implicaciones en materia de salud pública y seguridad. Además, advierten que el decreto impacta el monopolio rentístico de licores, al elevar el piso del impuesto y exigir uniformidad tarifaria, reduciendo el margen de maniobra de los departamentos para usar este instrumento como política pública.
Finalmente, los gobernadores alertan sobre vacíos y ambigüedades en la implementación del decreto, relacionados con la armonización normativa, la definición de las bases gravables y los procedimientos operativos de recaudo y transferencia de recursos, lo que podría generar incertidumbre jurídica y dificultades en la gestión tributaria. Al cierre de la comunicación, reiteran su rechazo al Decreto 1474 de 2025 y solicitan al Ministerio de Hacienda su revisión, así como la instalación de una mesa de trabajo para evaluar alternativas que respeten los principios constitucionales de autonomía y descentralización territorial.
