Uno de los principales retos a los hoy que se enfrenta Colombia tiene ver con la lucha contra la corrupción. Si bien es cierto que esta no es problemática que solo se manifiesta en el país, puesto que en muchos otros lugares del mundo la padecen -en mayor o menor medida-, también lo es que aquí ha alcanzado magnitudes desproporcionadas e intolerables, esto, principalmente, por la gran cantidad de recursos que se derrochan y las diferentes y ocultas formas que adopta.
Asimismo, dicha problemática ha estado presente desde los inicios de la vida republicana. En 1819, por ejemplo, El Libertador, conociendo el problema, planteó a los delegados del Congreso de Angostura, la educación y la formación moral de los ciudadanos para purificar y evitar los actos corruptos, lo cual aportó a la creación del poder moral de la República constituida por dos cámaras: Cámara de la Moral y Cámara de la Educación. Además, en ese mismo año, el General Santander propuso la pena de muerte para los funcionarios públicos culpables de malversación de fondos. También, en la época de la Colonia, los hurtos y las malas disposiciones de las administraciones de los fondos de la Real Hacienda eran conocidos por todos. Gamarra (citado por Ortiz Benavides, 2011).
Aproximadamente, 200 años después, el problema, en lugar de desaparecer se ha agravado y ha logrado invadir otros entornos. Aunque no es una cifra definitiva, se considera que la corrupción en Colombia le cuesta al país, en el nivel central, más de cuatro billones de pesos al año, pues se ha convertido en un anómalo tan constante, que se podría afirmar que, casi en cualquier institución del Estado, donde se haga un análisis detallado y profundo, se podrán hallar casos de corrupción: Educación, salud, Senado de la República, Fuerzas Militares, Administraciones Municipales, contratación pública, entre otros. Se podrían enumerar un sinfín de manifestaciones para este fenómeno que, de una u otra forma, nos perjudica a todos, malea a las instituciones, agudiza la pobreza y la inequidad social.
Según la organización Transparencia Internacional (2012), la corrupción es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Del mismo modo, Transparencia por Colombia afirma que el “abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones”. También, Alejandro Llano, filósofo y pensador español (1999), la concibe como la privatización de lo público. De acuerdo con las posturas y definiciones expuestas, la corrupción consiste en la apropiación particular y privada de lo que pertenece a todos.
Pese a la creación de un sistema de normas encaminado a combatir y prevenir este tema, los riesgos y el derroche de recursos públicos continúan. Según un informe realizado por Transparencia por Colombia, en el periodo 2008-2009, llegó a la conclusión de que, pese a que el riesgo de algunas instituciones de ser permeadas por la corrupción ha mejorado y, que, al menos 66% de las mismas está implementando estrategias para prevenir la corrupción, aún un 36% de entidades públicas están en riesgo. Sin embargo, el problema se torna más grave al percibir que se trata de entidades clave para el funcionamiento de la democracia. Acerca de este tema particular el estudio expone que:
“…Como parte del grupo de 36% de las entidades que se mantienen en situación de riesgo a la luz de los indicadores de la medición, están entidades fundamentales para el funcionamiento de la democracia y el logro de los objetivos de desarrollo para el país. Son estas instituciones como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Ejército Nacional, la Comisión Nacional de Televisión, el INPEC, además de varias Universidades y corporaciones Autónomas Regionales”.
Las consecuencias que la corrupción trae consigo son dañinas, pues no solo se pierden gran cantidad de recursos públicos, sino que, además, genera desconfianza y pérdida de legitimidad de las instituciones frente a la comunidad en general; por ejemplo, en el caso de Colombia, ha contribuido a crear la percepción de que, cada persona, debe defraudar, de alguna manera, al Estado y que, quien no lo haga, es estúpido. “El egoísmo patológico ha reemplazado el nosotros sano y por eso apacible para la generación de una dinámica social justa”. (Zapata, 2005).
De este modo, el fracaso en la lucha contra la corrupción, lleva a la conclusión de que la solución a este problema no se puede reducir, únicamente, a crear nuevas normas, puesto que el asunto es de otro orden; se trata, principalmente, de valores, esos que ya no se enseñan porque, según muchos, es asunto privado y subjetivo o porque, simplemente, hay que sacar los rellenos del pensum para agregar, en su lugar, otras asignaturas más “importantes” y que correspondan a las lógicas del mercado y que, también, preparen a las nuevas generaciones para hacer cosas prácticas, que de verdad valga, y produzcan plata, que es lo que finalmente importa por estos días.
El país tiene la necesidad de plantearse una reflexión profunda acerca de los valores que orientan las conductas de los ciudadanos y los ideales de vida que se están planteando las nuevas generaciones. No basta, únicamente, con la creación de nuevas normas que pretendan luchar contra la corrupción.
Colombia reclama de sus asociados una nueva manera de relacionarse entre sí, para superar la violencia y la desigualdad. Una nueva manera de entender las relaciones con lo público para poder superar prácticas tan arraigadas como la corrupción.
