El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, advirtió a los funcionarios públicos que no deben pronunciarse frente a fallos del poder Judicial, anotando en un comunicado que “todas las ramas del poder deben acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales. Por ende, ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento. Es el acatamiento a la ley lo que garantiza la supervivencia de la democracia y el Estado de derecho”.
El pronunciamiento lo hizo a raíz de los comentarios hechos por el Presidente Iván Duque y otros empleados del Estado en relación a la medida de aseguramiento dictada en contra del expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez, investigado como posible determinador en el intento de manipular el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que lo señala de ser uno de los creadores del Bloque Metro de las Autodefensas en Antioquia durante los años noventa. La determinación del alto tribunal es inédita porque es la primera vez que una instancia judicial emite una orden de captura en contra de un exmandatario.
Carrillo señaló que el único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales “es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso provee. La controversia de las providencias emanadas de los jueces en ámbitos distintos al judicial, atenta contra los principios de autonomía e independencia en que se cimenta esta rama del poder público, y que constituyen pilares esenciales de nuestra democracia”.
“El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso provee.”
En el corto pronunciamiento del Ministerio Público aseguró que esa institución ejerce una labor de vigilancia dentro del proceso penal que se adelanta en contra del senador Álvaro Uribe. Además, que la Procuraduría “examinará la pertinencia de ejercer los controles procesales que la ley contempla para la medida de aseguramiento” dictada en su contra, para procurar que se respeten las garantía procesales.
“La Procuraduría General de la Nación, finalmente, exhorta a los colombianos a desactivar la pugnacidad y la extrema polarización que pueden estimular nuevos escenarios de violencia. A la crisis generada por la pandemia del Covid-19 no se le puede agregar una pandemia de odio que nuble el futuro, amenace la democracia y nos sume en una nueva noche de dolor”, señaló Carrillo.
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