El Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Medellín, falló en contra del Concejo Municipal de Rionegro y deben realizar el Concurso de Méritos en su totalidad, para la Elección de la nueva Secretaria (o) para el período 2022.
En esta oportunidad el mismo Juez, en sentencia del 24 de junio de 2022, ha declarado la nulidad de la elección de la Secretaria General del Concejo Municipal de Rionegro para el periodo 2022, en apartes de la providencia se indicó que: “Colorario de lo expuesto, en el trámite de elección de la señora María Cecilia Álvarez Suárez, como Secretaria General del Concejo de Rionegro – Antioquia para el periodo de 2022, se desatendieron los postulados del artículo 126 de la Constitución Política y las previsiones de la Ley 1904 de 2018, aplicada por analogía, lo que lleva que este Despacho acceda a las pretensiones anulatorias invocadas en la demanda”.
En esta oportunidad el Concejo Municipal de Rionegro, realizó una designación directa, sin mediar convocatoria pública, con desconocimiento de lo establecido en la Constitución y en la ley, desconociendo de forma grosera, burda y aberrante los principios de legalidad, mérito, igualdad, transparencia, participación ciudadana, oportunidad y publicidad entre otros.
El Juez en su providencia indicó que de acuerdo a lo probado en el proceso, el Concejo Municipal de Rionegro Antioquia, tenía suficientemente claro cuál era el trámite legal que debía observar para la elección del Secretario de la Corporación, pues aducir razones presupuestales o técnicas adversas como la ausencia de cotizaciones o limitación del presupuesto, no exonera al Concejo Municipal para realizar la convocatoria pública previa a la elección del Secretario General para el periodo 2022, para garantizar con ello la participación ciudadana y el acceso a los cargos públicos a través de la meritocracia.
Los órganos de control siguen en deuda con la ciudadanía Rionegrera en mostrar resultados efectivos frente a las investigaciones relacionadas con estas elecciones irregulares que sin duda afectan la legalidad, la moralidad y la confianza legítima en las instituciones del Estado.
