A pocos días de finalizar 2025, el Gobierno nacional confirmó un nuevo incremento en las tarifas de los peajes que comenzará a regir desde el 16 de enero de 2026. Así lo anunció la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien explicó que el ajuste corresponde a la actualización anual por costo de vida y se calcula con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que según el DANE se ubicó en 5,30 % a noviembre de este año.
El aumento aplicará en todas las concesiones viales del país y ha generado inconformidad entre conductores particulares, transportadores y gremios del sector, quienes advierten que el alza tendrá un efecto directo sobre el bolsillo de los ciudadanos y podría trasladarse al precio de los alimentos, el transporte y otros servicios.
En regiones como la Costa Caribe, donde se concentran algunos de los peajes más costosos del país —entre ellos Gambote, Papiros y Puerto Colombia—, el impacto será mayor para quienes dependen diariamente de estas vías para su trabajo o actividades productivas.
La polémica también llegó al Congreso de la República, donde varios sectores analizan alternativas para mitigar el impacto del incremento. Entre las propuestas se encuentran la revisión de los contratos de concesión, la reducción del número de peajes en tramos cortos y la implementación de tarifas diferenciales para el transporte público y de carga.
No obstante, desde distintos sectores ciudadanos persiste la percepción de que el ajuste vuelve a recaer sobre la clase trabajadora, mientras se mantienen sin cambios los compromisos contractuales con las grandes concesionarias viales del país.
