La Contraloría Municipal de Rionegro continuará ejerciendo durante el año 2026 la presidencia de la Comisión Regional de Moralización (CRM) en el departamento de Antioquia, ratificando su papel como eje articulador entre los diferentes organismos de control que operan en el territorio.
Las Comisiones Regionales de Moralización son instancias creadas para fortalecer la coordinación interinstitucional en la prevención, detección, seguimiento y control de hechos asociados a la corrupción en la administración pública. En estos espacios confluyen entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, las contralorías territoriales y otras instituciones del orden nacional y local.
Desde la presidencia de la comisión, la Contraloría de Rionegro tendrá a su cargo la coordinación de agendas conjuntas, la promoción de acciones preventivas, el seguimiento a casos de interés regional y el fortalecimiento de los mecanismos de control fiscal y disciplinario en los diferentes niveles de gobierno del departamento.
El liderazgo de Rionegro en este escenario busca impulsar una gestión pública más transparente, eficiente y orientada al correcto uso de los recursos públicos, así como fomentar el intercambio de información entre las entidades de control para mejorar la capacidad de respuesta frente a posibles irregularidades.
El contralor municipal de Rionegro, Rolando Castaño Vergara, destacó la continuidad de la entidad en la presidencia de la CRM como un reconocimiento al trabajo desarrollado y al compromiso institucional con la legalidad.
“Agradecemos la confianza depositada y ratificamos nuestro compromiso de trabajar de manera articulada, con responsabilidad y transparencia, para lograr mayores beneficios para los antioqueños y las antioqueñas”, afirmó.
La permanencia de la Contraloría de Rionegro al frente de la Comisión Regional de Moralización consolida al municipio como un punto estratégico para la articulación de los organismos de control en Antioquia durante 2026, en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre la gestión pública y garantizar la correcta administración de los recursos del Estado.
