Al cumplirse el cuarto aniversario de la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia, el balance muestra una consolidación del servicio en el sistema de salud. Según Profamilia, desde 2022 un total de 213.895 personas gestantes han accedido a procedimientos seguros, eliminando el riesgo de la clandestinidad. Solo durante el año 2025, se realizaron cerca de 60.000 atenciones, destacando que la gran mayoría se realizan en etapas tempranas (antes de la semana 12) mediante el uso de medicamentos, lo que reduce drásticamente las complicaciones médicas.
Sin embargo, el informe de la directora Marta Royo advierte que el derecho al aborto en Colombia todavía enfrenta una “geografía de la desigualdad”. Mientras que en capitales el proceso es más fluido, en regiones apartadas persisten obstáculos como la objeción de conciencia institucional (prohibida por ley, pero practicada de facto), la falta de información y la estigmatización por parte del personal médico. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres documentó más de 1.500 casos de barreras injustificadas en los últimos tres años, lo que indica que la ley en el papel aún lucha por materializarse en los territorios.
En un año marcado por el calendario electoral, el debate sobre los derechos reproductivos vuelve a la primera línea. Las organizaciones sociales exigen que los candidatos se comprometan a fortalecer la red pública de salud para que el acceso no dependa del nivel económico o la ubicación geográfica de la paciente. Colombia se mantiene hoy como un referente regional con una de las legislaciones más garantistas, pero el reto para este 2026 sigue siendo cerrar la brecha entre la sentencia judicial y la realidad en los hospitales de los municipios más alejados.
