El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, expidió el Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, una norma que transforma profundamente la regulación del aseguramiento en salud y la operación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia. Esta medida, que modifica aspectos estructurales del Decreto 780 de 2016, introduce criterios estrictos de territorialización y permanencia, ordenando técnicamente cómo operan estas entidades según el número de afiliados y la densidad poblacional de los municipios y departamentos. El objetivo central es evitar la fragmentación del sistema y asegurar una prestación de servicios más coherente con la realidad geográfica de cada región, obligando a las EPS a concentrar sus esfuerzos donde tienen mayor capacidad instalada.
Entre las disposiciones más críticas de la norma, se define que solo podrán permanecer operando en un territorio específico aquellas EPS que cumplan con umbrales mínimos de participación dentro de la población afiliada local. Aquellas entidades que no alcancen estos porcentajes definidos por el Ministerio podrían salir de ciertos municipios o regiones, viéndose obligadas a redistribuir sus afiliados hacia otras EPS con mayor presencia territorial. Reportes sectoriales indican que esta reorganización podría implicar el traslado de millones de usuarios, transformando el mapa de aseguramiento y concentrando una mayor cantidad de afiliados en entidades como Nueva EPS, Savia Salud y SOS, dependiendo del cumplimiento de los nuevos umbrales exigidos.
Aunque el decreto no elimina la figura jurídica de las EPS ni suprime el modelo de aseguramiento mixto, reconfigura drásticamente su presencia en el territorio nacional y ajusta el marco bajo el cual estas empresas deben operar. Gremios del sector salud han reaccionado con preocupación, destacando que el cambio genera un aumento en la concentración de afiliados en algunas EPS grandes, mientras que otras de menor tamaño podrían reducir significativamente su cobertura territorial o verse forzadas a liquidarse. Esta medida llega en un momento de alta tensión política sobre la sostenibilidad del sistema, impactando directamente a entidades mencionadas en análisis sectoriales como Coosalud, Asmet Salud, Cajacopi, Famisanar, Compensar, Sanitas y Sura, que deberán reorganizar su afiliación rápidamente.
