La violencia contra líderes sociales en Colombia sigue siendo una problemática crítica. Un informe de la ONG Somos Defensores reveló que durante 2025 se registraron 165 asesinatos y 874 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, lo que representa un incremento del 5 % frente a 2024.
El documento, basado en datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH), advierte que la situación afecta de manera particular a las mujeres. En total, 27 lideresas fueron asesinadas, equivalente al 15 % de las víctimas, lo que supone un aumento del 42 % en comparación con el año anterior.
Uno de los puntos más preocupantes es el alto nivel de impunidad. Entre 2002 y septiembre de 2025 se han registrado 1.840 asesinatos de líderes sociales, de los cuales solo el 12 % ha derivado en sentencias condenatorias. Además, en el 59 % de los casos ocurridos entre 2016 y 2025, los responsables permanecen sin identificar.
El informe también cuestiona la gestión del Gobierno nacional, señalando la falta de avances estructurales en la protección de líderes sociales y denunciando fallas en la implementación de medidas integrales de seguridad, en medio de la expansión de grupos armados ilegales.
Las amenazas continúan siendo la principal forma de violencia, con el 55 % de los casos, seguidas por los asesinatos (19 %), los atentados y los desplazamientos forzados (8 % cada uno). En comparación con 2024, se registraron aumentos significativos en varias categorías, como los desplazamientos forzados (64 %), los secuestros (38 %) y las desapariciones forzadas (24 %).
El departamento del Cauca sigue siendo el más afectado, con 238 agresiones reportadas, incluyendo 37 asesinatos y 153 amenazas, además de atentados, secuestros y desplazamientos.
Las cifras varían según la fuente. Mientras este informe reporta 165 asesinatos en 2025, otras organizaciones elevan el número a 187 casos. A su vez, organismos internacionales han documentado cerca de mil asesinatos de defensores de derechos humanos en el país desde 2016.
El informe concluye que la violencia contra líderes sociales no solo persiste, sino que se ha agravado, evidenciando la falta de garantías efectivas para quienes defienden los derechos humanos en Colombia.
