La iniciativa contempla cuatro corredores viales y una inversión estimada de $852.497 millones. Mientras la Gobernación defiende su impacto en la conectividad, sectores productivos y diputados cuestionan la carga económica para los propietarios.
La valorización departamental volvió al centro del debate público en Antioquia. El pasado 6 de octubre, la Asamblea Departamental aprobó, con 13 votos a favor y seis en contra, el Proyecto de Ordenanza 37 de 2026, que autoriza avanzar en los estudios para financiar obras viales mediante la contribución de valorización. La decisión no significa que los propietarios deban pagar de inmediato.
La propuesta contempla cuatro corredores: El Canadá–El Carmen de Viboral y La Unión–El Carmen de Viboral, en el Oriente; Jericó–Buenos Aires–La Bodega, en el Suroeste; y el circuito Ríogrande–Nueva Colonia–Embarcadero–Zungo–Casa Verde, en Urabá. En conjunto, las intervenciones representan aproximadamente 76,5 kilómetros y una inversión estimada de $852.497 millones.
La Gobernación defiende la financiación
La Administración Departamental sostiene que la valorización permitiría avanzar en obras necesarias para mejorar la movilidad, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer la competitividad regional. Según la Secretaría de Infraestructura Física, los recursos disponibles ya están comprometidos en diferentes intervenciones y no serían suficientes para atender todas las necesidades viales.
El alcalde de Carepa, Agapito Murillo Palacios, respaldó la iniciativa y afirmó que estas obras son importantes para responder al crecimiento logístico de Urabá, especialmente ante la dinámica prevista por Puerto Antioquia. Para sus defensores, mejorar las vías significa facilitar el transporte de mercancías, conectar municipios y generar oportunidades económicas.
Las voces en contra advierten riesgos
Las críticas se concentran en la capacidad de pago de los propietarios y en la distribución de las cargas económicas. El gremio bananero de Urabá, Augura, cuestionó que el sector productivo asuma una proporción que considera desmedida de la financiación de la infraestructura.
Por su parte, el diputado Luis Peláez advirtió sobre el riesgo de que algunos propietarios enfrenten dificultades para pagar, incluso cuando el valor comercial de sus predios aumente. También hubo reparos frente al momento de implementar la medida y a sus posibles efectos sobre hogares y actividades económicas.
¿Qué sigue y quiénes estarían exentos?
El proyecto contempla excepciones para viviendas de interés social y prioritario, predios de estratos 1, 2 y 3, adultos mayores, mujeres cabeza de familia, víctimas del conflicto y otros grupos o actividades que cumplen condiciones específicas. La aplicación concreta deberá atender las reglas establecidas y los estudios correspondientes.
La Gobernación deberá avanzar en los estudios de factibilidad, socializar la iniciativa con los propietarios de las zonas de influencia y promover la conformación de una junta de propietarios. Por tanto, aún deben precisarse aspectos técnicos y económicos antes de establecer las contribuciones individuales.
La discusión deja un desafío central: Antioquia necesita mejorar su infraestructura, pero también garantizar transparencia, equidad y claridad sobre quiénes pagarán, cuánto deberán aportar y qué beneficios recibirán.
