Los habitantes de El Carmen de Viboral ven la necesidad de proteger y promover la defensa y cuidado del territorio, por ser un hogar para el buen vivir y para la vida digna de todos quienes viven en este municipio antioqueño. Es por esto que se ha emprendido un camino jurídico y social, desde un ejercicio de movilización ciudadana: desde las leyes, los argumentos, la palabra y el arte, diciendo “No a la minería”, porque consideran que puede incidir negativamente en la calidad de vida de las familias carmelitanas y generar condiciones perjudiciales “para el medio ambiente, la salud, la vida, la riqueza y explotación y vocación agrícola tradicional”.
En el municipio, actualmente, hay licencias y solicitudes de empresas y particulares para exploración y explotación de oro y sus concentrados, platino, arena, cobre, gravas, caolín, arcilla y materiales de construcción. Así mismo, que si bien el municipio no cuenta con una inmensidad de minerales para extracción, ha sido declarado junto a otros municipios vecinos como área estratégica minera; lo que pondría en riesgo las fuentes hídricas y los recursos naturales en general, podría afectar las actividades tradicionales, la vocación productiva y la cotidianidad de las mismas comunidades.
A esta movilización social, que inicia un grupo de ciudadanos hace algunas semanas, se han unido otros carmelitanos que también dicen “no a la extracción de minerales a cielo abierto”, “no a los intereses particulares” y ajenos sobre nuestro territorio con fines de exploración y explotación de la riqueza natural, porque acaban con las fuentes hídricas, la vida de animales y plantas que tienen asiento en nuestros bosques; alteran radicalmente las actividades productivas y afectan algunos aspectos sociales y culturales de las comunidades que viven en estas zonas.
El 9 de mayo se realizó una manifestación simbólica y se radicó un derecho de petición en la Administración Municipal de El Carmen de Viboral, acompañado de 1246 firmas de otros carmelitanos. En este documento se solicitó, respetuosamente, la realización de una Consulta Popular donde la comunidad pudiera manifestar su posición acerca de la “explotación minera aurífera y metalúrgica”; es decir, una consulta que invitara a los carmelitanos a votar si están de acuerdo a no con que se realicen actividades mineras dentro de la localidad. Además de conformar una Mesa de Comunicaciones para socializar con los demás carmelitanos la información obtenida y nuestra preocupación sobre este tema.
Desde la Mesa de Comunicaciones “No a la Minería” insiste en la necesidad de que la comunidad se pueda “pronunciar de forma activa y eficaz” sobre este tema; quieren (así mismo) que las manifestaciones, movilizaciones e información que están circulando entre los carmelitanos tenga peso en las decisiones que vendrán e incidirán en el futuro de la localidad. Siguen sosteniendo que la Administración Municipal tiene la competencia de convocar al pueblo para que se pronuncie sobre este tema de “trascendencia local”.
Esta solicitud se hizo amparados en otras consultas realizadas en el país y en la Sentencia C-123 2014 de la Corte Constitucional, donde se promueve la participación “activa y eficaz” de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los asuntos que podrían afectar su calidad de vida. Así mismo, en los argumentos jurídicos que desarrolla esta sentencia se expresa que “el Estado no es el único competente para tomar decisiones sobre la exclusión de zonas de actividades mineras”; es decir, se deja abierto el camino para que las entidades territoriales y las comunidades participen en estas decisiones que son “trascendentales” para la vida local.
El martes 26 de mayo, el Alcalde municipal notificó la respuesta al Derecho de Petición entregado, donde se declaró “incompetente para realizar dicha consulta” dejando esta potestad al Gobierno Nacional. Esta negación se ampara en un decreto que ya no tiene vigencia, desconociendo que existen otras vías jurídicas que le dan la competencia o le dejan el camino abierto, al menos, para consultar con la comunidad a la que representa.
Se espera que las vías jurídicas amparen esta petición que hacen los ciudadanos, respaldados en los derechos fundamentales y en la misma esencia del Estado Colombiano. Al mismo tiempo, se continúa con ejercicio de resistencia social desde la voz, la imagen, la libertad de expresar, la palabra rodante en las calles, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas.
Mesa de Comunicaciones “No a la Minería”. Junio 3, 2015.
