La Asamblea de Antioquia aprobó por unanimidad —con 19 votos positivos— el proyecto de ordenanza que define los descuentos por pronto pago del impuesto vehicular para la vigencia 2026. La medida, impulsada por la Gobernación, pretende incentivar el cumplimiento temprano de esta obligación tributaria y asegurar el flujo de recursos destinados a financiar los programas sociales incluidos en el Plan de Desarrollo Por Antioquia Firme, especialmente aquellos enfocados en la lucha contra el hambre.
Durante la socialización del proyecto, la secretaria de Hacienda, Ofelia Elcy Velásquez Hernández, destacó la importancia de los incentivos para promover la corresponsabilidad de los ciudadanos y garantizar la sostenibilidad fiscal del departamento.
“Estos recursos son esenciales para financiar programas dirigidos a disminuir el hambre en las comunidades antioqueñas. La invitación es a pagar oportunamente y acogerse a los descuentos que estamos ofreciendo para el próximo año”, sostuvo la funcionaria.
La ordenanza establece tres rangos de descuento para quienes cancelen el impuesto entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026:
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10 % para vehículos automotores y motocicletas con cilindraje superior a 125 c. c.
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15 % para vehículos híbridos.
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20 % para vehículos 100 % eléctricos o de cero emisiones.
A partir del 1 de mayo y hasta el 31 de julio, el tributo podrá ser pagado sin descuentos, mientras que los contribuyentes que no cumplan con el plazo deberán asumir, desde el 1 de agosto, intereses moratorios y sanciones contempladas en la normativa vigente.
La Gobernación resaltó que, además de favorecer el bolsillo de los propietarios de vehículos, el esquema de beneficios también contribuye a una mejor planeación financiera del departamento, permitiendo adelantar inversión en proyectos prioritarios de seguridad alimentaria y bienestar.
Con esta decisión, Antioquia se suma a otras entidades territoriales que han implementado incentivos tributarios con el propósito de mejorar el recaudo, aumentar la eficiencia administrativa y afianzar el impacto social de sus políticas públicas en el territorio.
