La justicia colombiana propinó un golpe judicial histórico contra Luciano Marín Arango, conocido como alias Iván Márquez, al condenarlo a 37 años de prisión por hechos ocurridos hace casi tres décadas en zona rural de Turbo, Antioquia. Un juzgado penal especializado lo halló responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado. Según el fallo, Márquez, quien en 1997 era el máximo cabecilla del Bloque Noroccidental de las extintas FARC-EP, impartió las directrices para ejecutar ataques sistemáticos contra la Fuerza Pública que derivaron en crímenes de lesa humanidad.
La investigación de la Fiscalía reconstruyó el cruento episodio del 2 de julio de 1997. Tras un enfrentamiento con varios frentes guerrilleros, tres militares heridos —el capitán Carlos Enrique Vidal y los soldados William Amado e Iván Ramírez— estaban siendo atendidos por el enfermero de combate Fabio Pineda Serna. Hombres bajo el mando de Márquez irrumpieron en el lugar, secuestraron a los uniformados y, tras presentarlos ante sus superiores, procedieron a asesinar a los tres heridos y al enfermero, violando flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario. En el mismo evento, el sargento Pedro José Guarnizo fue secuestrado y permaneció en cautiverio durante casi seis años, hasta su rescate en 2003.
Esta condena representa un avance significativo en el esclarecimiento de la violencia en el Urabá antioqueño, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Sin embargo, la efectividad de la sentencia es incierta, dado que alias Iván Márquez regresó a la clandestinidad tras abandonar el proceso de paz de 2016 para fundar la “Segunda Marquetalia”. Aunque versiones recientes han especulado sobre su posible muerte o estado crítico de salud en territorio venezolano, el Estado colombiano mantiene vigentes las órdenes de captura internacionales, reafirmando que estos crímenes contra los derechos humanos no prescriben ante la justicia ordinaria.
