La Contraloría General de la República ordenó el archivo de dos procesos de responsabilidad fiscal que cursaban contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la construcción de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI) en el municipio de Rionegro durante su periodo como alcalde entre 2016 y 2019.
La Dirección de Investigaciones 4 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal determinó que no existió daño patrimonial al Estado en las obras ubicadas en los sectores de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira, cuya presunta afectación económica ascendía a cerca de $1.270 millones.
Según el organismo de control, las investigaciones se archivaron luego de nuevas pruebas documentales y visitas técnicas que confirmaron que ambas infraestructuras fueron ejecutadas conforme a los diseños aprobados y que actualmente se encuentran en funcionamiento y ocupadas por la Policía Nacional.
En el caso del CAI Cuatro Esquinas, cuyo presunto detrimento superaba los $433 millones, la Contraloría concluyó que la obra cumple con los requerimientos técnicos y arquitectónicos necesarios para la prestación del servicio policial.
Para el CAI San Antonio de Pereira, donde se investigaba un posible detrimento superior a los $836 millones, el informe técnico evidenció que el inmueble fue entregado formalmente mediante contrato de comodato y que opera en condiciones satisfactorias de habitabilidad.
El ente de control reiteró que, al no existir un daño cierto, especial y cuantificable, no se configura responsabilidad fiscal, razón por la cual se ordenó el archivo definitivo de los procesos y la desvinculación de las aseguradoras involucradas.
Aunque el frente fiscal quedó cerrado, el caso mantiene una investigación penal activa por parte de la Fiscalía General de la Nación, que generó controversia luego de conocerse la interceptación del teléfono del gobernador durante más de 70 días dentro de la indagación.
