La subregión del Bajo Cauca antioqueño vive una de las jornadas más tensas de los últimos años debido al paro minero que mantiene paralizadas varias actividades económicas y genera graves afectaciones en la movilidad, el abastecimiento y la seguridad. Los hechos ocurridos el lunes 23 de marzo marcaron un punto crítico en medio de las negociaciones entre el Gobierno departamental, la fuerza pública y los manifestantes.
Tras un Puesto de Mando Unificado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que se autorizó el uso legal y legítimo de la fuerza pública para recuperar el control del territorio, luego de que —según la administración departamental— se agotaran las opciones de diálogo debido a los recientes hechos violentos registrados en la zona.
De acuerdo con el mandatario, la protesta ha dejado de ser pacífica tras reportarse ataques contra la misión médica, confinamiento de comunidades, bloqueos prolongados en las vías principales y dificultades en el abastecimiento de gas, especialmente en el municipio de Nechí.
“Cuando se vulneran los derechos de otros ciudadanos, deja de ser una manifestación pacífica”, señaló el gobernador al referirse a la situación.
Disturbios y ataques en las vías de Cáceres
La tensión aumentó en las carreteras que conectan la subregión, particularmente en jurisdicción de Cáceres, donde se han registrado bloqueos y ataques contra vehículos de transporte.
En el corregimiento Jardín, manifestantes atravesaron un bus intermunicipal de la empresa Coonorte para impedir el paso, lo que dejó a decenas de viajeros varados y generó momentos de zozobra entre la comunidad.
Horas después, cerca del Batallón Rifles, en la vía hacia Caucasia, encapuchados interceptaron un camión de carga, saquearon la mercancía y posteriormente le prendieron fuego en plena carretera. El hecho causó temor entre transportadores y habitantes, quienes denuncian que la inseguridad está afectando los principales corredores de abastecimiento.
Otro ataque similar se presentó en el sector conocido como Guarumo, también en jurisdicción de Cáceres, donde un segundo vehículo fue incinerado. Estos hechos han provocado interrupciones en la cadena logística hacia la costa Caribe y aumentan el riesgo de desabastecimiento de alimentos y combustibles en el Bajo Cauca.
Mineros denuncian hostigamientos y piden garantías
Por su parte, la Mesa Minera del Bajo Cauca emitió un comunicado en el que declaró un “SOS” a la opinión pública, denunciando presuntos hostigamientos por parte de la Policía Nacional durante las labores de mediación que adelantaban los voceros del paro.
Según el gremio, el lugar donde se encontraban reunidos fue rodeado por uniformados, lo que interpretaron como una vulneración a sus garantías y un riesgo para la integridad de los líderes. En el mismo documento, los mineros señalaron al Gobierno Nacional de incumplir acuerdos previos y cuestionaron los operativos de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antigua ESMAD, durante los intentos por despejar las vías.
Los manifestantes insistieron en que su movilización busca la defensa del trabajo minero y exigieron garantías para la protesta pacífica, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas de negociación.
Panorama incierto en la subregión
Mientras continúan los bloqueos, la presencia de la fuerza pública y los señalamientos entre las partes, el Bajo Cauca enfrenta un panorama incierto. Comerciantes, transportadores y habitantes advierten que la crisis ya afecta el abastecimiento, la economía local y la tranquilidad de las comunidades, que esperan una pronta solución antes de que la situación se agrave aún más.
