Luego de casi nueve años de incertidumbre, gestiones jurídicas y múltiples acciones ciudadanas, inició el proceso de cierre del caso del edificio Altos del Lago en el municipio de Rionegro, una de las contingencias urbanas más complejas que ha enfrentado la ciudad en la última década.
Las más de 116 familias afectadas por la implosión de la edificación, ocurrida tras ser declarada en riesgo estructural, comenzaron a recibir los desembolsos correspondientes a los recursos destinados para la reparación integral de los perjuicios ocasionados, los cuales superan los 30 mil millones de pesos.
Durante varios años, los damnificados adelantaron solicitudes ante diferentes entidades del orden local y nacional, sin obtener respuestas definitivas frente al proceso de indemnización. Ante esta situación, las familias decidieron solicitar el acompañamiento del personero municipal de Rionegro, Jorge Luis Restrepo Gómez, quien, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, inició una serie de requerimientos formales y actuaciones administrativas encaminadas a la protección de los derechos fundamentales de la comunidad afectada.
Dentro de las acciones adelantadas por la Personería Municipal, se realizaron solicitudes oficiales, seguimientos institucionales y actuaciones jurídicas que derivaron incluso en la interposición de una acción de tutela contra la Defensoría del Pueblo, con el fin de garantizar respuestas claras, de fondo y oportunas frente al proceso de reparación económica.
Como resultado de estas actuaciones, en octubre de la vigencia anterior, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro emitió un fallo favorable a la comunidad, ordenando a la Defensoría del Pueblo brindar una respuesta clara, congruente y detallada, punto por punto, a las solicitudes elevadas por las familias damnificadas.
La decisión judicial exigió, de manera específica, que se informara a la comunidad sobre el estado del proceso de indemnización, los procedimientos pendientes y, especialmente, que se indicara una fecha precisa para el desembolso de los recursos que habían sido abonados oportunamente por el Municipio de Rionegro, recursos destinados exclusivamente a la reparación de los daños sufridos.
En cumplimiento del fallo judicial, la Defensoría del Pueblo informó que a partir del mes de noviembre iniciaría los trámites administrativos, financieros y procedimentales necesarios para efectuar los desembolsos correspondientes, los cuales ascienden a más de 30 mil millones de pesos y tienen como único propósito la reparación de los perjuicios ocasionados a las familias afectadas por la implosión del edificio Altos del Lago.
De acuerdo con testimonios de los propios damnificados, durante el mes en curso comenzaron efectivamente los desembolsos de los recursos, lo que representa un avance significativo luego de años de espera, afectaciones económicas, pérdida del patrimonio familiar y consecuencias emocionales derivadas de la emergencia.
Varias de las familias expresaron su satisfacción y alivio ante el inicio de los pagos, resaltando el acompañamiento permanente del personero municipal Jorge Luis Restrepo Gómez, a quien agradecieron por liderar las gestiones institucionales que permitieron destrabar un proceso que por años permaneció sin una solución definitiva.
El caso Altos del Lago no solo representó la pérdida de un proyecto de vida para decenas de hogares, sino que generó profundas afectaciones sociales, económicas y familiares, obligando a muchas personas a enfrentar desplazamientos, endeudamientos y una prolongada incertidumbre jurídica.
Con el inicio de los desembolsos, se marca un punto de cierre para una de las contingencias urbanísticas más recordadas del municipio, al tiempo que se ratifica el papel de la Personería Municipal de Rionegro como garante de los derechos ciudadanos y promotora del acceso efectivo a la justicia.
Finalmente, la Personería reiteró su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos fundamentales, destacando que continuará acompañando a la comunidad hasta la culminación total del proceso, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado Social de Derecho y a la recuperación de la confianza institucional en el territorio.
