Después de la oportuna queja interpuesta ante la autoridad municipal competente por parte de los damnificados del complejo urbanístico Altos del Lago, el 07 de junio de 2016, tras evidenciar ellos mismos fallas estructurales en esa construcción aún inconclusa, que se había convertido en el sueño de una vivienda digna para 116 familias, el Municipio de Rionegro y la constructora Soluciones Integrales en Construcciones Civiles S.A.S. (SINCC S.A.S.), tras la formalización de una demanda, fueron condenados judicialmente, y en segunda instancia, al pago de una indemnización colectiva que superó los 29 mil millones de pesos.
Una revictimización para los damnificados.
Tal como se describe en los Hechos de la Sentencia condenatoria de primera instancia, el 15 de junio del mismo año 2016 funcionarios de las secretarías de Planeación e Infraestructura y de las subsecretarías de Gestión del Riesgo y de Desarrollo Territorial, con apoyo técnico de la Universidad Nacional, “visitaron el Edificio Mixto Altos del Lago P.H. con el objetivo de revisar las condiciones físicas de la estructura”, para notificar a la firma constructora sobre los hallazgos en dicha visita.
El informe de esas dependencias administrativas del municipio de Rionegro señaló que efectivamente se evidenciaron falencias “en el proceso constructivo en los elementos estructurales del edificio, así como la falta de personal idóneo en las fases de ejecución del proyecto”.
Posteriormente el 27 de enero de 2017, como consecuencia del informe técnico, la alcaldía municipal emitió un Decreto mediante el cual se declaró en Calamidad Pública al Edificio Altos del Lago, “hasta tanto la Constructora SINCC S.A.S. presentase un estudio de vulnerabilidad sísmica” que le permitiera o no acceder a un certificado de ocupación.
Obviamente las fallas estructurales resultaron tan ciertas, que mediante el mismo Decreto se ordenó la inmediata evacuación del edificio con la coordinación de un Inspector de Policía, la cual se hizo efectiva el 15 de febrero de 2017. Llama la atención, en lo que se supone fue una falta en el deber objetivo de cuidado por parte del Municipio que, habiendo quedado el edificio evacuado bajo su custodia, en el mes de agosto de ese mismo año, un grupo delincuencial irrumpió en varios de los apartamentos y robó los objetos de mayor valor que aún no habían sido extraídos de esos inmuebles.
Es aquí donde empieza de alguna manera la revictimización de los damnificados, quienes, al día de hoy, a pesar de haber obtenido un fallo favorable a sus pretensiones en la demanda interpuesta; de tener en la memoria la imagen aciaga de aquel 04 de noviembre de 2019 cundo vieron implosionar el edificio junto con sus sueños; de verse en situación de desplazados y de tener que pagar sin consideración alguna los créditos hipotecarios con los que muchos adquirieron una porción de ese siniestro predio, aún no han recibido los pagos ordenados por el Tribunal de segunda instancia, a pesar de que entre los meses de mayo de 2024 y agosto de 2025, la alcaldía de Rionegro realizó los desembolsos correspondientes al 100 por ciento de la condena, cifra que como ya anotamos, supera los 29 mil millones de pesos.
Incluso, según el Personero de Rionegro, Jorge Luis Restrepo, “la irresponsabilidad de un constructor derribó el sueño de esas familias de tener una vivienda propia”; lo cual ha afectado su salud mental, su entorno social, su economía, y destaca que incluso varios de los afectados han fallecido sin haber sido resarcidos.
De acuerdo con el funcionario, el gravoso pago hecho por la alcaldía, “de conformidad a la providencia judicial y a las disposiciones jurídicas, fue consignado en un fondo administrado por la Defensoría del Pueblo (Ministerio Público)”, entidad a la que Restrepo le hace un llamado para que, “sea el mismo Procurador quien inste a su organismo para que, conforme a los principios de la Función Administrativa, se haga con prontitud el desembolso individual de esos recursos”.
Además, el Personero hace una alerta temprana en el sentido de que “podría constituirse la materialización presunta de más daños, ya que desde el conocimiento de la sentencia condenatoria en el año 2023 y estando ya liberado el pago por parte de la alcaldía”, este es el momento en que ni siquiera hay una fecha cierta para que las familias reciban su justa reparación, lo que podría desencadenar en nuevas demandas; pues actualmente, y para evitar otro eventual daño antijurídico, la misma Personería Municipal de Rionegro ha radicado una Acción de Tutela, “pidiendo respuesta de fondo de fechas estimadas para el desembolso de esos recursos”. Recuerda también el tutelante que “las víctimas son sujetos de espacial protección constitucional en nuestro ordenamiento jurídico”.
Cabe destacar, que a pesar de que el fallo condenatorio involucró solidariamente a la Alcaldía de Rionegro y la constructora Soluciones Integrales en Construcciones Civiles S.A.S. – SINCC S.A.S., el pago lo efectuó unilateralmente la entidad pública, ya que, como también lo denunció el Personero, “hoy ese constructor está perdido”, y este medio de comunicación no ha logrado información concreta sobre el estado jurídico y económico de esa empresa privada, más allá de algunos rumores entre los perjudicados sobre su liquidación por quiebra.
Para el abogado representante de las víctimas, Santiago Rojas Diaz, se hizo necesario adelantar varias acciones judiciales, a pesar de que “hemos sido pacientes y entienden la tramitología propia de las entidades públicas”, pero ante la injustificada dilación por parte de la Defensoría, respecto de los desembolsos, “consideramos que ya la postura debe ser diferente porque los perjudicados con el retraso van a ser las víctimas y los accionantes, y en ese orden de ideas interpusimos unas Acciones de Tutela en contra de esta entidad y sus funcionarios, dada la vulneración de derechos como la Reparación Integral con conexidad a la Dignidad Humana, al Derecho a la Vivienda, a Loas Mínimos Vitales y a la Igualdad”.
En la acción de ese Derecho Fundamental, el doctor Rojas le solicita al juez “que le ordene a la Defensoría proceder al desembolso de esos recursos antes de que termine este año 2025”, con el fin de evitar un perjuicio irremediable como es la devaluación del dinero en el tiempo respecto de la cifra de inflación y del IPC para el año 2026, defecto de indexación que obviamente tendrían que asumir las víctimas.
Es de destacar que la condena al Municipio de Rionegro se debió, conforme a la sentencia, debido a que “pese a que aquél desde el 16 de junio de 2016 conoció de la existencia de defectos estructurales y de construcción del Edificio Mixto Altos del Lago P.H., no adelantó oportunamente acciones tendientes a la suspensión de la obra, lo que permitió que durante ese lapso de tiempo la constructora avanzara en obras y nuevos contratos de compra – venta, así como en la mayor recepción de pagos por parte de los promitentes compradores”.
En su momento, Jorge Rivas, alcalde actual de Rionegro, manifestó su preocupación por el impacto fiscal de esa decisión judicial, puesto que, según él, “a pesar de Rionegro tener unas finanzas sanas, el fallo afectaría sensiblemente nuestro Plan de Desarrollo”, por lo cual pidió que ese lote donde estaba el edificio fuera transferido al municipio, ante la dificultad de repetir contra la involucrada constructora.
A propósito de esta historia de pesadillas que ya supera los nueve años, reiteramos la reflexión que hacíamos ente este periódico en nuestra edición del pasado mes de mayo: “La tragedia de Altos del Lago no fue un accidente; fue el resultado de cómo en Colombia se construye sin la debida supervisión y se otorgan permisos sin rigurosidad. El peritaje reveló que las omisiones de la Curaduría, de la Constructora y de la Alcaldía, confluyeron en una bomba de tiempo”.
