A partir del 1 de julio de 2025, las empresas en Colombia estarán obligadas a asumir el pago de la seguridad social de sus contratistas, según lo establecido en la reciente reforma pensional. Esta medida implica que las compañías deberán descontar de los honorarios de las personas naturales el valor correspondiente a sus aportes obligatorios y voluntarios para salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales.
La nueva normativa, que busca garantizar la cobertura de seguridad social para los trabajadores independientes, elimina la obligación que hasta ahora tenían los contratistas de liquidar mensualmente la planilla PILA. Ahora, serán las entidades contratantes las responsables de realizar el descuento y el pago correspondiente.
Responsabilidad directa de las empresas
Con esta reforma, las empresas deberán no solo descontar y pagar los aportes, sino también reportar novedades como suspensiones de contrato, licencias e incapacidades a los diferentes subsistemas de seguridad social. Este cambio implica una mayor carga administrativa para las compañías, que ahora deberán gestionar los aportes de sus contratistas como si fueran empleados formales.
Los aportes incluyen el 12.5% para salud, el 16% para pensión y un porcentaje variable para riesgos laborales, dependiendo de la actividad del contratista. Los aportes parafiscales también serán aplicables si la relación contractual así lo exige.
Impacto en contratistas y sanciones por incumplimiento
Para los contratistas, esta medida representa un alivio administrativo, ya que ya no tendrán que preocuparse por liquidar su planilla mes a mes. Sin embargo, deberán asegurarse de que la empresa contratante realice correctamente los descuentos y pagos correspondientes.
En caso de incumplimiento por parte de las empresas, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) podrá imponer sanciones económicas y requerimientos por inconsistencias en la liquidación. Las compañías también serán responsables solidarias en caso de que un contratista quede desprotegido por falta de pago.
Reacciones y preparación empresarial
La medida ha generado reacciones mixtas entre empresarios y trabajadores independientes. Mientras algunos contratistas celebran la simplificación del proceso y la garantía de cobertura, las empresas expresan su preocupación por el aumento en la carga administrativa y el riesgo de sanciones por errores involuntarios.
Las organizaciones empresariales recomiendan a las compañías implementar sistemas internos para la correcta gestión de estos pagos y capacitar al personal encargado de la nómina para evitar inconvenientes.
Con la entrada en vigor de esta nueva disposición, Colombia da un paso adelante en la formalización y protección social de los trabajadores independientes, aunque el éxito de la medida dependerá de la correcta implementación y el cumplimiento por parte de las empresas.
