El Consejo de Estado notificó una condena donde estarían implicados el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2002. Al parecer, el Ejército realizaba una emboscada en contra del conductor de un camión, miembro de las autodefensas, que llevaba algunos estudiantes en el municipio de San Rafael. En el hecho, se encontraba Érika Viviana Castañeda López, una menor de 13 años que no tenía nada que ver con la guerrilla y fue reportada como un falso positivo. En el hecho, el Ejército presentó cinco cadáveres que se suponía que eran combatientes de la guerrilla y que habían sido dado de baja, entre ellos estaba el de la menor. Por esta razón, se condena a la Nación.
Según el Ejército, ese día fueron atacados y respondieron también ante la situación, pero con la idea de lastimar a los estudiantes; pero, al parecer, no fue así pues hay testimonios que muestran lo contrario.
El Consejo de Estado ordenó a estos responsables la indemnización de los familiares de las víctimas. Ante esta situación, fueron condenados los militares Óscar Mayo Marulanda, Carlos Fernández Calderón, Luis Ortega López, Fabian Gutiérrez Oquendo, Luis Meza Montoya, Iván Robles Meriño y Ever Ospina Martínez.
