La Federación Nacional de Pirotécnicos (FENALPI) dio a conocer un comunicado dirigido a los medios de comunicación, autoridades territoriales y ciudadanía, con el fin de ofrecer información clara, verificada y basada en la normativa vigente sobre el uso responsable de productos pirotécnicos durante las celebraciones de fin de año. El gremio recordó que la pirotecnia no está prohibida en Colombia y que su regulación está enmarcada en la Ley 670 de 2001, la Ley 2224 de 2022 y el Decreto 2174 de 2023, normativas que establecen qué productos están permitidos, cuáles son de uso exclusivo para adultos y cuáles están prohibidos, además de los lineamientos de comercialización, certificación y medidas de seguridad.
Según FENALPI, en los últimos 25 años se han expedido 81 decretos municipales para regular la pirotecnia: 39 de carácter prohibitorio y 42 orientados a regular su uso de acuerdo con la normativa nacional. Sin embargo, el gremio señala que no existe evidencia de que las prohibiciones estrictas reduzcan significativamente las lesiones por pólvora, pues ciudades con restricciones totales como Medellín, Bucaramanga, Cali y Pasto continúan registrando cifras elevadas de lesionados. Pese a que las importaciones de pirotecnia se duplicaron en la última década —pasando de 900 toneladas en 2015 a más de 1.800 toneladas en 2024—, el número de lesionados no aumentó en la misma proporción. Mientras en 2025 se registraron 1.357 lesionados, esta cifra representa apenas el 0.1% del total de productos disponibles en el país, estimado en cerca de 4 millones de unidades. Esto sugiere que los avances en productos certificados y la mayor formalización del mercado han contribuido a reducir riesgos asociados.
FENALPI advierte que la mayoría de los incidentes se concentra en tres tipos de artefactos: totes, voladores y cohetes, junto con productos informales sin certificación ni control. Estos elementos, ampliamente asociados al mercado clandestino, representan los mayores riesgos para la seguridad ciudadana, en contraste con los productos regulados y certificados que cumplen estándares técnicos de fabricación y almacenamiento. El gremio insiste en que la prevención debe comenzar en los hogares, recordando que la ley prohíbe de manera absoluta la manipulación, compra o uso de pirotecnia por parte de menores de edad. Subraya también que los adultos sí pueden adquirir y usar artículos de categorías permitidas siempre que cumplan las instrucciones de seguridad y verifiquen que los productos cuenten con certificación formal, rotulado adecuado y procedencia autorizada.
El comunicado aclara que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016) no sanciona a los adultos que utilicen artículos reglamentados y permitidos, sino que aplica sanciones únicamente cuando se incumple la normativa: venta a menores, uso de artículos peligrosos o falta de certificación. Para garantizar celebraciones seguras, FENALPI recordó que las alcaldías tienen la responsabilidad de adelantar inspección, vigilancia y control sobre establecimientos, operarios y comercios, así como de implementar campañas pedagógicas que orienten a la ciudadanía y fortalezcan la responsabilidad compartida entre consumidores, comerciantes y autoridades.
El gremio también presentó una caracterización socioeconómica del sector pirotécnico en Colombia, destacando que este genera alrededor de 8.000 empleos directos permanentes y entre 14.000 y 22.000 empleos estacionales durante temporadas festivas, lo que lo convierte en un sector relevante para economías regionales y para cientos de familias en municipios intermedios. La cadena productiva incluye fabricación artesanal y semiindustrial, importación, distribución mayorista, montaje de espectáculos y venta temporal, dinamizando actividades logísticas y de servicios asociados. Según datos del gremio, las importaciones de pirotecnia alcanzaron 5 millones de dólares en 2025, con más de 2.200 toneladas ingresadas al país, lo que refleja un mercado creciente y con potencial de formalización.
FENALPI enfatiza que prohibir de manera general la actividad no solo no ha reducido las lesiones, sino que ha impulsado el crecimiento de la informalidad, aumentando riesgos por almacenamiento clandestino, ausencia de control sobre la procedencia de los productos y pérdida de capacidad de vigilancia por parte de las autoridades. Además, advierte que la prohibición total afecta de forma directa a miles de familias que dependen económicamente del sector, especialmente durante la temporada decembrina.
