La Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas del crimen organizado en Medellín, como parte de los avances en las negociaciones de la política de “paz total” impulsada por el Gobierno Nacional.
La medida, oficializada mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, tendrá una vigencia inicial de seis meses y cobija a voceros de las estructuras criminales que participan en los diálogos desde la cárcel de Cárcel de Itagüí, así como a siete de ellos que actualmente se encuentran en libertad tras cumplir sus condenas.
Según la decisión, el objetivo es facilitar el desarrollo del Espacio de Conversación Sociojurídico que se adelanta desde 2023, enfocado en la desarticulación de estructuras armadas, la transformación de economías ilegales y la reducción de la violencia urbana en el Valle de Aburrá.
Desde el Gobierno se argumenta que esta medida responde a avances concretos en la mesa de diálogo, mientras que también se contempla la posibilidad de prorrogar la suspensión dependiendo del progreso de las negociaciones.
Sin embargo, la decisión ha generado cuestionamientos, especialmente porque siete de los beneficiados ya se encuentran en libertad e incluso algunos habrían salido del país, sin claridad sobre su papel actual dentro del proceso de paz.
El caso reabre el debate sobre los alcances y riesgos de la estrategia de paz urbana, en medio de un contexto electoral y de alta sensibilidad en materia de seguridad en la región.
